Fiscalía inicia investigación preliminar contra Las Bambas por presuntos delitos de contaminación ambiental
Minera Las Bambas aclaró que la investigación se debe a partir de una denuncia presentada por la comunidad y señaló que los informes de ANA no han comprobado afectaciones ambientales.
La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Apurímac ha iniciado una investigación preliminar contra la Minera Las Bambas por el presunto delito de contaminación ambiental y alteración del ambiente o paisaje.
Estas diligencias inician a partir de una denuncia de los ciudadanos de la Comunidad de Huancuire, quienes se levantaron en paro indefinido contra la minera, alegando problemas ambientales y sociales. Los miembros de esta comunidad consideran que las fuentes de agua, manantiales y bofedales se habrían contaminado.
En ese contexto, los trabajadores y comuneros de Huancuire han denunciado que los policías de la zona, con quienes han tenido enfrentamiento, los han amenazado de muerte. En un video se puede escuchar como presuntamente uno de los efectivos de la Policía grita a los ciudadanos apurimeños con frases amenazantes: "te agarro, te mato".
Fiscalía ambiental inicia investigación a minera Las Bambas. Foto: captura/Twitter
Presunta contaminación en Huancaire
Han sido alrededor de 3 días consecutivos de enfrentamientos directos entre los ciudadanos de la comunidad contra la Policía Nacional del Perú. Los comuneros argumentan que las mineras están contaminando sus recursos. Ezequiel Huilca, presidente de la Comunidad campesina de Huancuire, señaló que, en específico, se estaría contaminando el manantial que se encuentra en el sector de Pichaqani, en Chalcobamba.
Según el documento de apertura de investigación —publicado por la periodista Jacqueline Fowks en X— y que recoge la denuncia de la comunidad, Ezequien Huilca asegura que a pesar de que la minera tenga los permisos para explotar las tierras en el terreno indicado, no estaría cumpliendo con los protocolos para rescatar la fauna.
Inician investigación fiscal
Tras la denuncia, la Fiscalía Ambiental de Apurímac ha iniciado una investigación preliminar por 120 días contra la minera, incluyendo a su gerente general, Weri Jian Xian, y a su vicepresidente de asuntos legales, Claudio Cáceres Franco. A ambos la Fiscalía los investiga como parte de la Comisión de Delitos Ambientales efectuados presuntamente por Las Bambas.
Asimismo, la apertura de estas indagaciones el Ministerio Público se dan en el marco de buscar:
- Acreditar el posible hecho delictivo
- Individualizar al responsable o responsables
- Determinar los impactos ambientales que se vendrían suscitando a consecuencia del presunto incumplimiento de los instrumentos de gestión ambiental y voladuras en el sector de Pichaqani.
- Informar sobre las acciones ejecutadas para mitigar posibles impactos ambientales.
Minera Las Bambas se pronuncia ante inicio de investigación en su contra
Por su parte, la Minera Las Bambas aclaró que esta investigación parte de una denuncia presentada por la comunidad. Además, indicaron que, de acuerdo a informes de la Autoridad Nacional del Agua, no se han comprobado afectaciones ambientales derivadas de las operaciones de la minera.
"La empresa respalda plenamente que estos hechos sean investigados con el máximo rigor y transparencia, reafirmando su compromiso con la verdad y la responsabilidad ambiental. Las fuentes enfatizan que Minera Las Bambas mantiene un estricto cumplimiento de sus obligaciones ambientales y rechaza categóricamente haber incurrido en infracciones a la Ley de Recursos Hídricos", indicó la minera.
Asimismo, la empresa precisó que, hasta la fecha, no han recibido alguna notificación por parte del Organismo de Evaluación y Fiscalización (OEFA) en relación con estos hechos. "En caso de recibir tal notificación, Minera Las Bamba se compromete a presentar oportunamente los descargos correspondientes, colaborando plenamente con las autoridades para aclarar cualquier duda o inquietud", señaló.
Por último, manifestaron que tiene disposición al diálogo abierto y constructivo con las comunidades y autoridades, además a mantener la transparencia en sus operaciones y promover el desarrollo sostenible de la región.
