Congreso analiza adopción desde el vientre en casos de embarazos ‘no planeados’ ¿Proyecto de ley es viable?
El debate en torno al proyecto de ley 7349 sobre adopción desde el vientre materno en casos de embarazos no deseados se intensifica, mientras cifras alarmantes muestran la urgencia de abordar el problema de los abortos clandestinos en Perú. Expertas advierten posibles repercusiones con esta medida.
El Congreso de la República volvió a poner sobre la mesa el proyecto de ley 7349, presentado aproximadamente hace un mes por la parlamentaria de Renovación Popular, Milagros Jáuregui. Esta iniciativa, que busca permitir la adopción desde el vientre materno en casos de embarazos no planificados, generó cuestionamientos sobre su viabilidad y sus implicaciones sociales y éticas, pues en un país donde los temas relacionados con los derechos reproductivos son objeto de reflexión, surgen las dudas acerca de cómo esto ayudará a fortalecer los derechos de la mujer y la salud pública.
A pesar de los argumentos a favor de la propuesta, algunos sectores han expresado sus preocupaciones sobre las posibles implicaciones éticas y legales de la adopción desde el vientre materno. Principalmente, se cuestiona si esta medida aborda de manera integral el problema de los embarazos no deseados y si podría generar nuevas problemáticas, como el riesgo de estigmatización de las mujeres o el tráfico de niños.
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¿Qué busca el Congreso con este proyecto de ley?
El proyecto tiene como objetivo principal reducir los abortos clandestinos y ofrece una alternativa para aquellas mujeres que no desean continuar con un embarazo no planeado.
La iniciativa propone cambios en el marco legal, como la modificación del decreto legislativo 1297 y de la ley 27337, también conocida como el Código de los Niños y Adolescentes. Entre las modificaciones planteadas se encuentra la posibilidad de iniciar el procedimiento de adopción desde el momento de la concepción, siempre y cuando exista el consentimiento informado de los padres. Además, se contempla la opción de que las mujeres puedan retractarse de la adopción hasta 30 días después del parto, sin enfrentar consecuencias legales.
La propuesta también busca evitar el contacto directo entre la madre gestante y la familia adoptante, realizando todo el trámite notarialmente a través del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
Propuesta también busca evitar el contacto directo entre la madre gestante y la familia adoptante. Foto: difusión
Medida podría beneficiar el tráfico de personas
Susana Chávez, obstetra, maestra en salud pública y presidenta de Promsex, destaca que "este proyecto tiene serias deficiencias que podrían comprometer la seguridad y los derechos de los niños y niñas en proceso de adopción". Chávez enfatiza que estas deficiencias no solo pueden poner en riesgo la integridad de los menores, sino que también desvían la atención del problema central, que radica en la despenalización del aborto.
Para Chávez, una de las principales preocupaciones radica en la reducción de garantías para los niños y niñas en proceso de adopción. Según su análisis, la propuesta plantea una adopción exprés, lo que, a su juicio, "abre la puerta a uno de los delitos más graves, el tráfico de personas". En este sentido, la obstetra resalta la importancia de no perder de vista la protección integral de los menores, cuyos derechos deben ser salvaguardados en todo momento.
Proyecto de ley buscaría la criminalización del aborto
Cynthia Silva, abogada y directora del Demus, subraya que "esta medida podría reforzar la criminalización del aborto en lugar de ofrecer soluciones efectivas para las personas en situaciones vulnerables". Silva advierte sobre los riesgos de estigmatización y explotación de las mujeres, y expresó la necesidad de abordar la cuestión desde una perspectiva más profunda, que garantice los derechos y la salud de todas las partes involucradas en este delicado proceso.
Asimismo, Silva profundiza en el impacto que esta medida podría tener en las mujeres que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. Argumenta que el proyecto refuerza la criminalización del aborto, lo que puede poner a las mujeres en un contexto de mayor riesgo, especialmente en términos de su salud y bienestar emocional. La directora de Demus hace hincapié en la necesidad de considerar todas las implicaciones éticas y legales antes de avanzar con una legislación de este tipo.
Cifras
Los datos proporcionados por la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) sobre hospitalizaciones y muertes por abortos clandestinos en el país demuestran la urgencia y la importancia del debate en torno al proyecto de ley 7349. Estas cifras revelan la magnitud del problema de los abortos clandestinos en Perú.
En el mes de octubre del 2023, según los registros de la UPCH, se reportaron un total de 371 hospitalizaciones relacionadas con abortos clandestinos. Esta cifra, aunque preocupante por sí sola, representa solo una parte del panorama completo. Noviembre no mostró mejoría, con 320 hospitalizaciones registradas debido a la misma.
Asimismo, en el mes de diciembre, se registraron 155 hospitalizaciones por abortos clandestinos. Aunque esta cifra puede parecer menor en comparación con meses anteriores, continua como un indicador alarmante de la magnitud del problema en el país. Esta situación se agrava aún más al considerar que muchas de estas hospitalizaciones podrían haberse evitado con acceso a servicios de salud sexual y reproductiva seguros y legales.
El inicio del nuevo año no trajo consigo una mejora significativa en la situación. En enero de este año, se reportaron 72 hospitalizaciones relacionadas con abortos clandestinos.
