Caso Saweto: empezó nuevo juicio oral contra 2 implicados en asesinatos a 4 líderes indígenas

Organizaciones internacionales siguen el caso ante la alerta de impunidad, que podría provocar mayores atentados contra defensores ambientales.

Familiares de las víctimas siguen a la espera de justicia. Foto: composición La República/difusión
Familiares de las víctimas siguen a la espera de justicia. Foto: composición La República/difusión

El último jueves 2 de noviembre empezó un nuevo juicio oral contra los acusados por el caso Saweto, en el que se asesinó a líderes indígenas de la comunidad nativa Alto Tamaya -Saweto, perteneciente al pueblo indígena asháninka, en la región Ucayali. Como se recuerda, los acusados fueron absueltos de las penas privativas de libertad que ya se les había dictado.

Hugo Soria Flores, José Estrada Huayta, Eurico Mapes Gómez, y los hermanos Segundo y Josimar Atachi Félix fueron sentenciados por asesinato a 28 años de cárcel; sin embargo, el último 29 de agosto fueron absueltos del crimen que habrían cometido en el 2014.

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Las víctimas del caso Saweto respondían a los nombres de Leoncio Quintísima, Jorge Ríos, Francisco Pinedo y Edwin Chota y, en las últimas audiencias, se determinó que estas personas fallecidas tuvieron ese desenlace a causa de los esfuerzos que realizaron para combatir la tala ilegal en sus territorios.

Rechazo a la impunidad

El caso viene siendo observado a nivel internacional por la alerta de impunidad que se puede generar ante actos delictivos contra líderes de comunidades nativas.

"Hay una evidente falta de compromiso de la justicia peruana para detener y castigar a los culpables. La determinación del Estado para defender a las comunidades indígenas y mantener los derechos humanos está seriamente en duda", dijo Jorge Pérez Rubio, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep).

Por su parte, la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU) ha calificado de orden vital abordar de manera clara el temor y la inseguridad que enfrentan los defensores ambientales, así como la movilización forzada de sus comunidades, las mismas que están en peligro constante por delitos ambientales.

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