Ley de docentes interinos será observada por el Poder Ejecutivo

Luego de las críticas por la salida abrupta de su antecesora, Magnet Márquez, quien defendió la meritocracia; la nueva ministra de Educación, Miriam Ponce, tuvo que afirmar que el Poder Ejecutivo observará el proyecto de ley que repone a 14.000 maestros interinos (nombrados sin título pedagógico) que fueron cesados en el 2014 por no haber rendido una evaluación o haber sido desaprobados en ella.

“Así como los estudiantes son evaluados, ellos deben saber que sus maestros también pasan por una evaluación, porque, de lo contrario, se les haría un enorme daño”, señaló la funcionaria, quien formó parte del equipo técnico de Keiko Fujimori en las últimas elecciones.

Ponce agregó que los maestros interinos entraron en el magisterio en 1984 con la Ley del Profesorado y tuvieron varios plazos para obtener su título, pero no lo hicieron, por lo cual quedaron fuera del servicio.

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Dijo que buscará conversar con el Congreso para tratar sobre ese proyecto de ley, la meritocracia y otros temas que también son importantes.

Solicitan reconsideración

Precisamente, durante el Pleno del Congreso, la legisladora Flor Pablo presentó una reconsideración a la votación del proyecto de ley que restituye a los docentes interinos sin evaluación previa. Ella precisó que se necesita de voluntad política.

“El presidente del Parlamento, Alejandro Soto, y su vicepresidente, Nano Guerra García, deben poner por delante el derecho de nuestros niños y adolescentes a tener una educación de calidad. El Congreso tiene la oportunidad de enmendar su decisión y no permitir que se vulnere la meritocracia”, dijo.

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Tal como lo alertó La República, dijo que la iniciativa viene con trampa. Habla de una evaluación excepcional, pero es para una minoría. La mayoría será nombrado automáticamente.

A su vez, la Defensoría del Pueblo recomendó al Congreso que se evalúen las reconsideraciones al dictamen aprobado. Reiteró su posición sobre el respeto irrestricto al principio de mérito y capacidad, mediante concurso público, para acceder a la carrera pública magisterial.

“Vulnera el derecho fundamental a una educación de calidad y contraviene de manera expresa la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”, dijo.

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La clave

Esta polémica propuesta ha sido impulsada, sobre todo, por los congresistas Álex Paredes, Katy Ugarte y Paul Gutiérrez, que como docentes desaprobaron diversas evaluaciones, informó Ojo Público.