Sociedad

Narcotráfico en Perú: incrementa la siembra de coca y laboratorios clandestinos de PBC

Aproximadamente, un total de 50 comunidades indígenas de la zona de laguna Pacora, en Loreto, se ven amenazadas por grupos criminales de Colombia.

Son miles las hectáreas de bosque deforestadas para fines ilícitos. Foto: La Posta
Son miles las hectáreas de bosque deforestadas para fines ilícitos. Foto: La Posta

Como en cualquier lugar de la selva peruana, los alrededores de la laguna Pacora, provincia de Putumayo (Loreto) presentan una vegetación abundante. Sin embargo, las plantas que se hallan ahí no dan vida, la quitan. Se trata de miles de hectáreas de cultivo de coca sembradas por mafias de narcotraficantes colombianos y que el Gobierno peruano busca erradicar con el proyecto especial Corah.

Equipados con GPS, radiocomunicación y chalecos antibalas, miembros de la Dirandro llegan a la referida zona situada en la frontera con Colombia. Allí, miles de hectáreas de bosque amazónico han sido deforestadas para sembrar hoja de coca, la cual se convertirá en cocaína de alta pureza en los laboratorios clandestinos, según indicó un reportaje de Cuarto Poder.

El proyecto tiene como fin erradicar de 750 hectáreas en 45 días. Cifra poco ambiciosa, teniendo en cuenta que se estima la existencia de más de 10.000 hectáreas de hoja de coca solo en el distrito de Teniente Clavero. La inaccesibilidad hacen que, incluso, las metas para combatir el narcotráfico sean pequeñas.

Para llegar, se requiere navegar por más de 10 horas, volar en un helicóptero y caminar alrededor de 4 horas más. Ahí la patrulla combinada del Ejército y miembros del Grupo de Asalto Táctico en Jungla (GOATJ) buscan los laboratorios clandestinos con machetes y botas. Una reciente operación reveló que, en su mayoría, son mafias colombianas las que operan en esta zona. Prueba de ello, fue la cantidad de productos originarios de dicho país hallados en el lugar.

De esta forma, se prueba cómo las mafias extranjeras deforestan la selva para fines de narcotráfico. Esto afecta a las 50 comunidades indígenas situadas en el lugar que, actualmente, están a merced de grupos armados colombianos.