Ejército se niega a dar plan de operaciones sobre control de protesta en Puno
Puno. Fiscalía reiteró pedido del plan diseñado para controlar manifestaciones en aeropuerto de Juliaca.
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La Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Puno, ha programado hasta el 17 de agosto recibir la declaración de 66 agraviados (heridos) durante las protestas sociales en contra del gobierno de Dina Boluarte. Las agresiones se habrían producido el 9 de enero del 2023, en inmediaciones del aeropuerto de Juliaca.
En esa fecha, se registró un enfrentamiento entre un grupo de manifestantes con la Policía y miembros del Ejército. Producto de ello, se reportaron 17 civiles fallecidos, la mayoría por impacto de bala y se reportaron 106 heridos. Días después falleció otro civil.
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Se supo que el representante del Ministerio Público, en junio pasado, solicitó al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, la remisión del Plan de Operaciones de acciones militares con motivo del control y restitución del orden público en Juliaca durante las protestas del 9 de enero. Sin embargo, desde la secretaria general del Comando Conjunto de las Fuerza Armadas, se refirió que estos documentos tienen clasificación de secreta, reservada y/o confidencial, por razones de seguridad nacional, por lo que no resulta accesible la entrega.
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Frente a la negativa, a través de la Disposición Fiscal Nro 04-2023-MP-FN-EFICAVIP, de fecha 4 de agosto del 2023, se ha dispuesto reiterar la solicitud de remisión del Plan de Operaciones de acciones militares, así como el documento que consignan la entrega y devolución de las armas de fuego y nómina del personal militar oficial y suboficial asignados a Juliaca el 9 enero.
La reiteración del pedido del Plan de Operaciones, se hará bajo apercibimiento. En caso de negativa se remitirá copias a la Fiscalía Penal de Turno para que tome las acciones correspondientes por el presunto delito de desobediencia a la autoridad y rehusamiento o demora en actos de funciones.
Clave
Caso. Las investigaciones se abrieron por la presunta comisión del delito de homicidio calificado en agravio de las 18 víctimas civiles y la presunta comisión del delito de lesiones graves o leves en agravio de 106 civiles heridos, durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte.
