Congresistas beneficiados con viajes vulneran código de ética

La expresidenta del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE), Mónica Yaya, cuestionó la forma en que se aprueban los proyectos de ley en el Congreso de la República, a propósito de lo ocurrido con el proyecto 2139. Esta propuesta pretende incentivar la inversión en los recursos energéticos renovables provenientes del sol y del viento para la distribución eléctrica. Actualmente, se encuentra a nivel de dictamen.

Yaya sostiene que detrás de esta propuesta hubo un lobby específicamente con el presidente de la Comisión de Energía y Minas, el congresista Jorge Luis Flores Ancachi. Este habría sido beneficiado con viajes al exterior por parte de la empresa china Huawei. De acuerdo a la especialista, este es un gran ejemplo de los conflictos de intereses en el que se encuentran los legisladores, y que lo llevan a aprobar normas que no necesariamente son las más beneficiosas para la ciudadanía.

En opinión de Yaya, la empresa Huawei estaría interesada en la aprobación de esta norma, porque tiene un interés. Sin embargo, sostuvo que la compañía olvida que "hay una evolución natural en el mercado de la generación de la energía eléctrica
y que en este momento está equilibrado". Bajo su enfoque, si los usuarios se abastecieran de energías renovables, el suministro
no estaría garantizado, ya que tendrían bajas y hasta desabastecimiento, pues son energías que están supeditadas al viento y al sol.

PUEDES VER: Diego sobrevivió a 80 disparos de perdigón en protestas contra Boluarte

Cuestiona reuniones de capacitación

La expresidenta del OSCE también sostuvo que desde hace años viene denunciando que los vocales del Tribunal del OSCE, se reunen con proveedores en citas privadas, que tienen el nombre de reuniones de capacitación. De acuerdo a su denuncia, en estas citas se concertan con los proveedores lo que podría ser las resoluciones del Tribunal. "Lo vengo denunciando desde el 2012, desde el gobierno de Ollanta Humala", dijo. En relación con el proyecto Majes Siguas II, Yaya sostuvo que es en este punto en el que se debe tener mayor cuidado.

En junio, el exviceministro de Energía, Luis Espinoza Quiñones, opinó que dicho proyecto de ley en realidad no tenía nada que ver con las energías renovables ni promocionarlas para que las tarifas disminuyan. Según su análisis, lo que en realidad se quiere impulsar es un cambio en la forma de licitación de la energía eléctrica, en la que las renovables también pueden participar. Según Yaya, la empresa Huawei ha financiado el viaje de los congresistas para "asegurar la aprobación en el Congreso de la República".

En ese sentido, indicó que al recibir dádivas o beneficios que les generan conflictos de intereses, los legisladores están vulnernando e Código de Ética, especificamente los artículos 7 y 12. "Al recibir estas dadivas, aunque provengan de fondos privados, genera un tipo de influencia sobre los congresistas, quienes en su trabajo solo deberían tener como horizonte el bienestar nacional", refirió. Incluso se podría configurar la comisión de presuntos delitos por intercambiar su postura a cambio de viajes al exterior.

Hijos de congresistas

Por otro lado, la especialista se refirió al caso de los legisladores, cuyos familiares contrataron con el estado mediante órdenes de servicio o incluso el de Contrato Administrativo de Servicios (CAS), como lo fue el del hijo del legislador Alex Paredes. Yaya, quien presidió el OSCE, dijo que bajo ninguna circunstancia, los hijos de los congresistas pueden ser contratados con el Estado, porque esto les impide a ellos cumplir su función de fiscalización de forma adecuada.

En este punto, los legisladores aludidos se escudaban en una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que indicaba que sí existía la posibilidad de hacer la referida contratación. De acuerdo a Yaya, esta sentencia del TC es errada, pues la intromisión de un congresista no solo puede darse en la contratación de su familiar, sino que evita la correcta fiscalización. Actualmente, en el Congreso se tiene una propuesta para reformular el artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado que se refiere a este punto.