“Azangarazo”: cuando la justicia es lenta y esquiva

Por Zenaida Zea/La República
En 2011, dos protestas antimineras estallaron en Puno. El Aymarazo, que ocurrió en mayo, en rechazo al proyecto Santa Ana, de la empresa canadiense Bear Creek Company. El otro conflicto fue en junio y se denominó el “Azangarazo”, que demandaba acciones contra la minería ilegal en Ananea y poblaciones aledañas que contaminan la cuenca del río Ramis, dejando desolación a su paso. Esta era provocada por la minería ilegal.

En este segundo conflicto murieron 6 personas y hubo más de 60 heridos, a consecuencia de los enfrentamientos con la Policía en las inmediaciones del aeropuerto de Juliaca, a donde se traslado la protesta. A 13 años del conflicto, recién iniciará el juicio oral contra los que se presume serían los responsables de las muertes.

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Gonzalo Yrpanoca, padre de Félix Yrpanoca Turpo, uno de los fallecidos, y presidente de la Asociación de Víctimas del 24 de Junio del 2011, sostiene que "son 12 años clamando justicia”.

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Recuerda con pena cómo la vida de su hijo se truncó a los 20 años, cuando forjaba su futuro como ingeniero civil. El estudiante murió de un balazo en la cabeza en el sector de la salida a Cusco.

Yrpanoca, que ahora es alcalde del distrito de Potoni (Azángaro), señala que los familiares de las víctimas tiene un doble clamor. Primero, lograr que las muertes no queden impunes, y por otro, que estas no sean en vano y se actúe contra la minería ilegal que depreda la cuenca Ramis.

Estallido social

En el “Azangarazo” participaron la dirigencia local, autoridades políticas y comunales de los distritos de Asillo, Potoni, San Antón y otras localidades de la provincia de Azángaro asentadas en la cuenca del río Ramis. Cuando llegaron a Juliaca, se distribuyeron estratégicamente para el cierre de puentes y vías de acceso a la ciudad. El 24 de junio, los manifestantes intentaron tomar el aeropuerto de Juliaca, por el sector de la salida a Cusco. Allí se produjeron las muertes a causa de la represión de las fuerzas del orden.

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Según el abogado de Asociación de Víctimas del 24 de Junio del 2011, Carlos Torres Rodríguez, el primer fallecido fue el ciudadano Antonio Campos Huaranca. Murió por un impacto de bala en la cabeza, cuando con una escalera se asomó al muro de su casa para ver lo que estaba pasando afuera.

Luego, murieron Edwin Félix Yrpanoca Turpo, Raúl Cancapa Huaricallo, Petronila Coa Huanca y Gregorio Huamán Mamani. Javier Perlacio Limachi falleció días después de permanecer hospitalizado por heridas de proyectil de arma de fuego.

Carlos Torres, señala tras la protesta se pidió se investigue las muertes y se de con los responsables, empero recién la denuncia se formalizó cuatro años después, por el fiscal Ernesto Rojas Cayllahua.

Torres comenta que inicialmente el fiscal Juan Salinas Cuadros puso interés en el caso, pero luego su colega, Rafael Salazar Peñaloza, habría perturbado el proceso con postergaciones, dilaciones y reprogramaciones con el supuesto afán de que se archive la denuncia. “Han tenido que declarar todos los soldados y policías, lo que ha dilatado el proceso”, dijo.

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Recién en 2022, se presentó la acusación fiscal. Se sindica como responsables a Herber Rosas Bejarano, exjefe de la Región Policial de Puno; Enrique Dávila Ordoñez; exjefe de la División Policial de Juliaca; y Óscar Espinoza Herrera, exjefe de la División Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes) y encargado de orden interno.

En abril de este año, la audiencia de juicio oral fue programada para el 15 de julio del 2024, a las 2.30 de la tarde, en el Juzgado Penal Colegiado Permanente Supraprovincial de San Román. La Segunda Fiscalía Penal Corporativa de San Román solicita 25 años de cárcel por los delitos de homicidio calificado y lesiones leves y graves.

Clave

No participaban. El abogado Carlos Torres hace hincapié en que cuatro de las víctimas eran vecinos de la salida a Cusco, y fueron víctimas circunstanciales de los hechos. Precisó que solo Raúl Cancapa y Gregorio Huamán eran manifestantes de Progreso y San Antón.