Denuncian falta de acciones claves para esclarecer casos de represión policial a 2 meses de manifestaciones
La violenta represión policial revelaría la discriminación histórica que prevalece en el país y reflejan violaciones contra los derechos humanos y omisión de normas internacionales.
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La organización Amnistía Internacional presentó un informe preliminar en el que expone cifras y testimonios de peruanos y peruanas de distintas regiones del país que participaron en las movilizaciones de los últimos meses. Se revelan 48 personas fallecidas por causa de las violentas represiones policiales, además de 1.200 heridas en el contexto de protestas. Además, se denuncia que no se ha realizado diligencias claves por parte de las autoridades correspondientes para esclarecer las presuntas violaciones a derechos humanos.
Los hallazgos fueron mostrados a la presidenta Dina Boluarte recientemente, quien dijo que su Gobierno está dispuesto a presentar su apoyo hacia las víctimas, según informaron integrantes de la ONG en el evento de presentación.
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Investigaciones lentas
Durante las investigaciones, Amnistía Internacional recaudó información oficial y recogió testimonios de víctimas. En el proceso, pudo constatar que, a pesar de que la Fiscalía llevó a cabo algunas acciones, no se habían avanzado diligencias claves para el esclarecimiento de los sucesos, como la realización de algunos peritajes o recolección de testimonios. Incluso, se señala que en algunos casos no se habría preservado la cadena de custodia de cierta evidencia, lo que impediría indagaciones imparciales y exhaustivas.
Se denuncia el caso de Beckham Quispe Rojas, joven de 18 años, hijo de un campesino quechuahablante, quien murió durante una protesta en Huancabamba, Andahuaylas. Indican que la necropsia fue entregada un mes después de los hechos y no dio cuenta del tipo de proyectil que acabó con su vida.
“Amnistía pretende, con estos hallazgos iniciales, coadyuvar los esfuerzos de las víctimas en sus reclamos de justicia, pero también poder coadyuvar a los esfuerzos de la sociedad civil por mitigar, por reducir las violaciones a los derechos humanos que se siguen reportando en distintas partes del país, incluida la capital”, expresó la directora de la organización, Marina Navarro.
Para la investigación, se efectuaron viajes a Ayacucho, Andahuaylas y Chincheros, además de Lima. Se tiene el compromiso de asistir a Puno para la segunda fase, de acuerdo con lo que manifestó Navarro.
Descontrol y abuso del armamento antidisturbios por parte de la PNP puede ocasionar consecuencias nefastas, como la muerte de protestantes. Foto: Gerardo Marín/La República
Violencia y discriminación
De los 84 casos de personas fallecidas, la indagación se centró en 12 casos para poder ahondar en sus detalles. Los documentos revisados y pruebas evidencian que estos ciudadanos recibieron disparos directos en el torso o la cabeza, lo cual podría indicar uso intencional de la fuerza letal.
Se resalta que la utilización de armas de fuego con munición letal para el control de protestas está prohibido por las normas internacionales de derechos humanos. Sin embargo, esta práctica fue la alternativa más empleada por los efectivos de la PNP.
Además, cifras revelan que el 80% de las personas afectadas durante las manifestaciones pertenecen a la sierra sur del Perú. Ello revelaría un reflejo de la discriminación sistemática que persiste en el Perú, se menciona en el documento.
Presentación de hallazgos
El informe con los hallazgos preliminares fue presentado en conferencia de prensa y contó con la participación de Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú; y Erika Guevara, directora para las Américas de la organización. También fueron parte Dany Quispe Rojas, representante de la Asociación de Familiares de Víctimas y Agraviados de la Represión en la protesta de Andahuaylas y Chincheros–Apurímac; y Ruth Bárcena, de la Asociación de Familiares Asesinados y Heridos de Ayacucho.
Asimismo, esta documentación que recopila los resultados de la indagación puede descargarse en su versión en quechua también, por medio de este enlace.
El documento final será publicado en unas semanas, según informó Amnistía Internacional en diálogo con La República.
