Presidente del Congreso plantea que FF. AA. hagan uso de la fuerza contra la minería ilegal
José Williams presentó proyecto para autorizar apoyo militar en estos casos y argumentó que la minería ilegal “impacta negativamente en la calidad de vida de los habitantes”.
- Línea 2 del Metro de Lima y Callao anuncia que operará con normalidad el 6 de diciembre tras reestructuración de mantenimiento
- Inicio de las vacaciones escolares a fin del 2025 en el Perú: Minedu informa cuándo termina el año escolar
El presidente del Congreso, José Williams, planteó mediante un proyecto de ley incluir a la minería ilegal en la lista de escenarios en los que las Fuerzas Armadas tengan autorización para usar la fuerza.
Esta iniciativa legislativa, que fue presentada en la víspera, busca modificar el numeral 4,3 del artículo 4 del Decreto Legislativo 1095 y el artículo 23 de dicha norma, que regula las acciones de las instituciones castrenses.
TE RECOMENDAMOS
EL FRACASO DE LÓPEZ ALIAGA Y PLAYA LAS SOMBRILLAS EN RIESGO | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO
En el artículo 4 de este derecho, se indica cuál es la finalidad de este tipo de intervenciones por parte de las Fuerzas Armadas.
Asimismo, en el texto original de la norma se señala que, en un estado de emergencia, el uso de la fuerza por parte de las instituciones militares puede darse en casos de tráfico ilícito de drogas, de terrorismo y para la protección de instalaciones estratégicas para el funcionamiento de los servicios públicos esenciales. En esa misma línea, se agrega que también abarca “otros casos constitucionalmente justificados en que la capacidad de la Policía sea sobrepasada en el control del orden interno, sea previsible o existiera el peligro de que esto ocurriera”.
El proyecto de José Williams añade a la minería ilegal. Respecto al artículo 23 del Decreto Legislativo 1095, se suma esta actividad ilícita a aquellos ámbitos en los que las Fuerzas Armadas apoyan a la Policía Nacional.
También se recalca que esta actividad invade áreas del territorio nacional, contamina agua y suelo. Además, afecta la biodiversidad:
“Impacta negativamente en la calidad de vida de los habitantes, altera la economía y amenaza el desarrollo y la seguridad nacional”, se lee en el proyecto de ley.
