Congreso busca bloquear otra vez el aborto terapéutico

El sector conservador del Congreso intenta, una vez más, bloquear el aborto terapéutico, con lo que peligra la salud y vida de muchas mujeres en el país. Esta amenaza podría concretarse por medio del proyecto de ley 785, de la legisladora Milagros Jáuregui, de Renovación Popular, que “reconoce” los derechos del concebido y que fue aprobado en la Comisión de Justicia.

La propuesta sostiene que el concebido tiene derecho a la vida, la salud, integración moral, psíquica y física, así como a la identidad, libre desarrollo y bienestar, entre otros. También indica que en situaciones de grave riesgo médico, la gestante o su representante legal deberá autorizar actos médicos, según la normativa vigente.

Al respecto, la congresista Ruth Luque explica que, si bien la iniciativa no menciona de manera explícita la limitación del aborto terapéutico, el hecho de equiparar los derechos del concebido con los de un nacido puede generar que este procedimiento y los derechos sexuales de las mujeres peligren.

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Asimismo, Melissa Guillén, vocera de Manuela Ramos, detalla que hoy en día, a pesar de que el aborto terapéutico es contemplado por la ley, las mujeres tienen dificultad para acceder a él, por lo que, de votarse el proyecto en el Pleno, la situación solo empeoraría. Sumado a ello, se estaría yendo en contra de estándares internacionales que protegen los derechos de las mujeres, advierte la directora de Demus, Cynthia Silva.

Agrega que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU le ha dicho al Estado que debe legalizar el aborto en situaciones como la violación; es decir, garantizar servicios públicos para su acceso, mientras que el resto de casos deben ser despenalizados. Precisamente, el miércoles, cuando se aprobó la propuesta de Jáuregui, se archivó la de Luque, que buscaba despenalizar el aborto en casos de violación, pese a tener opiniones favorables.

En contra

El proyecto de la legisladora de RP obtuvo opiniones contrarias del Ministerio de Justicia, Poder Judicial y Defensoría del Pueblo (DP). Adicional a esto, durante el debate del proyecto, algunos congresistas, como Adriana Tudela y Eduardo Salhuana, pidieron que se cuente con más opiniones, pero haciendo caso omiso a ello hubo 11 votos a favor, siete abstenciones y solo uno (Luque) en contra.

La adjunta para los Derechos de la Niñez y Adolescencia de la DP, Matilde Cobeña, manifiesta que la Constitución reconoce derechos al concebido, pero en caso de violación no se pueden priorizar estos frente a los de una niña embarazada. Añade que la iniciativa, al brindarle una protección reforzada al concebido, implica diferentes vulneraciones a las mujeres. “Las va a exponer a abortos ilegales e inseguros”, alerta.

Declaraciones

Matilde Cobeña, Defensoría del Pueblo

“Nos preocupa (...) que se dicten normas que sean antiderechos, normas que más bien hacen retroceder al Estado en todo lo avanzado en derechos de mujeres, niñez y adolescencia”.