Acuerdo de Escazú: 22 asesinatos a defensores ambientales desde el 2020
Un homicidio por mes. Pese a las muertes de defensores medioambientales, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República archivó definitivamente el Acuerdo de Escazú.
La República en GoogleLa Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República archivó definitivamente el Acuerdo de Escazú. Los integrantes de la mencionada agrupación ratificaron su posición con 10 votos a favor, dos en contra y una abstención.
René Gastelumendi, conductor de “Grado 5″, conversó con Daniel Yovera. El periodista de Epicentro TV aclaró que el Acuerdo de Escazú era la oportunidad para que pueblos originarios de la Amazonía tengan oportunidad para acceder a la información, pero, sobre todo, para alcanzar la justicia que tanto reclaman cuando son víctimas de atentados y crimines.
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“El Congreso simplemente ha dicho que no van a firmar. Es la segunda vez que el Congreso se opone”, rememoró. La primera negativa ocurrió a finales del 2020. Desde la fecha, se han registrado 22 asesinatos de defensores medioambientales; es decir, un homicidio por mes.
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“No pasa nada. Ellos son los de abajo, los indios, cuyas muertes, la Fiscalía, el Poder Judicial, la Policía, aún no esclarece y cuyas muertes no provocan el hallazgo de responsabilidades. No hay ni una sentencia condenatoria”, lamentó el periodista.
Yovera explicó que el denominado Acuerdo de Escazú, que es el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe, también establece las obligaciones del Estado para con aquellas personas que cumplen el rol de defensores medioambientales. Este pacto brinda mecanismos de protección ante mafias.
En otro momento de la entrevista realizada por Gastelumendi, Yovera hizo un adelantó de su próximo reportaje titulado “Los expediente de la tala”.
El informe está enfocado en una empresa de capitales extranjeros que entra en una zona de bosques primarios; es decir, una jurisdicción prohibida, para realizar actividades agrícolas.
Desde el año 2012, ha arrasado con 10.000 hectáreas, lo cual equivaldría a los distritos de San Borja, Surco, San Luis y La Molina. “Viene la empresa, y sin autorización ambiental alguna, empieza a talar”.
