Piden a Fiscalía accionar por audios de presuntas irregularidades en área de Transporte de MPCH
Chiclayo. La regidora Pamela Alva señaló que, según las grabaciones, en la municipalidad habría direccionamiento en las plazas CAS y favorecimiento para la circulación de vehículos informales.
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Ante la difusión de audios que dejarían a la luz presuntas irregularidades en la Gerencia de Desarrollo Vial y en la Subgerencia de Transporte, los regidores de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCH) solicitaron a la gerencia general de la comuna un informe completo, así como la intervención del Ministerio Público y Contraloría General de la República, a fin de que se recabe el material, se analice la información y se pueda determinar si constituyen delitos.
Pamela Alva, en declaraciones con La República, señaló que remitió la carta n.° 2 al gerente general, Marlow Oblitas, para requerir la documentación, ya que, de acuerdo al contenido de las grabaciones, se configurarían los presuntos delitos de negociación incompatible y colusión.
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La concejal remarcó que los audios corresponden al inspector de Tránsito Anderson Ballena Ubillús, quien menciona que su esposa labora bajo el régimen CAS, específicamente en el área de Secretaría Técnica de Procedimiento Administrativo Disciplinario (PAD). Según las grabaciones, se indica que dicha persona tendría influencias en la entidad.
El ente de control señaló que no se cumplió con la norma al no ejecutarse el cobro por papeletas de
De acuerdo al portal de la MPCH, Juliani Vega ingresó a trabajar a través de la convocatoria CAS N.º 014-2021. “Se presume que de manera direccionada habría ganado una plaza como abogada en la comuna”, se lee en el documento de Alva.
Asimismo, en los audios, se mencionan presuntos cobros por formatos para el ingreso de unidades móviles al depósito municipal y para el uso de gasolina, así como presuntos favorecimientos para la circulación de vehículos informales, lo cual involucraría a los inspectores.
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“Urge que los funcionarios municipales se pronuncien e inicien las medidas disciplinarias y legales”, instó Alva.
Por su parte, Orlando Puell enfatizó que la Fiscalía y Contraloría deben requerir al inspector Anderson Ballena las grabaciones.
“Las instituciones que administran justicia deben actuar conforme a sus competencias y determinar responsabilidades”, subrayó.
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