Identifican perjuicio de 36,8 millones de dólares en Carretera Longitudinal de la Sierra

La Contraloría General de la República reveló irregularidades en el pago anual por mantenimiento y operación de la Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 2 —que une las regiones de la Libertad y Cajamarca—, las cuales generaron un perjuicio económico de 36,8 millones de dólares. Además, identificó responsabilidad penal, administrativa y civil de 13 funcionarios y exfuncionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Provías Nacional y del Organismo Superior de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran).

De acuerdo al Informe de Auditoría de Cumplimiento n.° 24135-2021, el contrato de concesión de dicha obra, que comprende las vías Ciudad de Dios - Cajamarca - Chiple, Cajamarca - Trujillo y Chilete, fue suscrito el 28 de mayo de 2014 por un plazo de 25 años y contó con una inversión referencial de 270,9 millones de dólares.

El proyecto se conformó por 18 subtramos, de los cuales dos son para que el concesionario realice rehabilitación y mejoramiento, ocho para el mantenimiento periódico inicial, y otros ocho tramos para la operación y mantenimiento.

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Según el documento técnico, Proinversión elaboró la versión final del contrato de concesión y, sin contar con un análisis de sustento, consignó unilateralmente los plazos máximos para la entrega de los 18 subtramos al concesionario, lo cual no comunicó al MTC durante el diseño de dicho contrato.

Gastos generales y acciones legales

El ente de control también alertó sobre un perjuicio económico de S/ 31,9 millones a consecuencia de los mayores gastos generales ocasionados por la demora en la entrega de los subtramos de la concesión.

Al mismo tiempo, se benefició al concesionario con 1,9 millones de dólares provenientes de los recursos recaudados para el pago de actividades de operación y mantenimiento sin contraprestación efectiva.

Ante esta situación, la Contraloría dispuso que la Procuraduría Pública inicie las acciones legales contra las personas inmersas en los hechos identificados en el proceso de auditoría.