El golpe a la Sunedu y las veces que el Congreso atentó contra la reforma universitaria
Atentado contra la educación. Congresistas quieren retomar el esquema de la extinta Asamblea Nacional de Rectores del Perú (ANR) con la recomposición del consejo directivo de la Sunedu y dar nueva oportunidad a universidades no licenciadas. ¿En qué otras oportunidades el Parlamento intentó golpear la reforma universitaria?
El viernes 10 de diciembre, la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso de la República debatió y aprobó, por mayoría de 11 votos contra 6, dos dictámenes que, de acuerdo con expertos en materia educativa, golpean la reforma universitaria liderada por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).
La primera propuesta busca dar una segunda oportunidad a los centros de estudio superior que no lograron obtener la licencia, otorgándoles un plazo de dos años para que subsanen las deficiencias que se les observaron y puedan ofrecer nuevamente sus servicios.
Mientras que el segundo proyecto de ley apunta a recomponer el Consejo Directivo de la Sunedu, esta medida impulsada por el congresista Jorge Montoya, y suscrita por los partidos Acción Popular, Fuerza Popular y Perú Libre, pretende retornar al antiguo sistema de la ANR.
De acuerdo con el documento aprobado, el Consejo Directivo de Sunedu debe “estar conformado por dos representantes de universidades públicas, un representante de universidades privadas, un representante del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec), un representante del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (Sineace), un representante del Minedu y un representante del Consejo Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales del Perú”.
Según explicó el superintendente de Sunedu, Oswaldo Zegarra, en el país existían 154 Universidades. Luego del proceso de licenciamiento, 94 cumplieron con todas las condiciones básicas de calidad que están establecidas en el modelo de licenciamiento; sin embargo, 51 universidades, dentro de ellas también escuelas de posgrado, no cumplieron con las condiciones básicas de calidad, entre las nacionales se encuentran la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, de Ica; la Universidad Pedro Ruiz Gallo, de Chiclayo y la universidad Ciro Alegría, de Huamachuco.
Educación superior en juego
La aprobación de los dos dictámenes que se encuentran a la espera de ser debatidos en el pleno del Congreso provocó la reacción de distintos sectores
Por un lado, universidades licenciadas se pronunciaron en contra de este salvavidas que pretende otorgar el plazo para que los centros de estudios superiores con licencia denegada puedan volver a funcionar.
La Defensoría del Pueblo también expresó su desacuerdo con las propuestas aprobadas por el grupo de trabajo encabezado por el legislador Esdras Medina, de Renovación Popular. “La aprobación de estos dictámenes atenta contra el derecho a la educación y contraviene la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, vulnerando a la Sunedu y a toda la comunidad educativa universitaria”, publicó el órgano autónomo a través de sus canales oficiales.
Por otro lado, desde el Gobierno hay posturas divididas. Por un lado, la titular de la PCM, Mirtha Vásquez, ha expresado de manera pública su respaldo a la reforma universitaria. “Es una política de este Gobierno defender la calidad educativa, y creo que en este momento de ninguna manera podemos justificar que se debilite la Sunedu, que se debiliten los procesos de licenciamiento”, señaló en una reciente entrevista con Canal N.
No obstante, el Ministerio de Educación tuvo una posición ambigua al respecto, señalando vía comunicado que, “aunque le preocupa la situación de miles de estudiantes que han quedado desamparados (...) Todos los sectores involucrados deberían enfocar sus mejores esfuerzos, concertando voluntades, para dar una salida al problema”. En la misma línea se encuentra la vicepresidenta Dina Boluarte.
¿En qué otras oportunidades el Congreso golpeó la reforma universitaria?
Ante este panorama, debemos recordar que otros cuestionables proyectos aguardan en cola y podrían tener la misma suerte que los que ya recibieron la aprobación. Estos son solo una muestra de los más de 40 proyectos del Congreso, los cuales proponen cambios en la Ley Universitaria. Hasta el momento, se logró ampliar el plazo por dos años, para que los profesores que no cuentan con el grado de maestro, puedan obtenerlo. Además, se oficializó la ley para extender el plazo de bachillerato automático hasta el 2023.
De acuerdo con la congresista Flor Pablo, estas propuestas fueron generadas por bancadas que conforman un bloque alineado. Aún está a la espera la iniciativa que elimina la edad máxima para ejercer la docencia.
Fechas clave
En 2014, un mes y medio desde que se promulgó la Ley Universitaria y la creación de la Sunedu, 45 personas, entre congresistas, miembros del Colegio de Abogados de Lima y ciudadanos, presentaron demandas de inconstitucionalidad en contra de la reforma universitaria.
En el mismo año, congresistas del APRA presentaron la controversial ‘ley Cotillo’ en referencia a Pedro Cotillo, en ese entonces rector de San Marcos, quien la propuso. El objetivo de la medida era que los rectores elegidos antes de la vigencia de la Ley Universitaria se queden en sus cargos hasta el final de sus mandatos
En 2015, el congresista de Fuerza Popular José Elías Ávalos, fundador de la Universidad Privada San Juan Bautista (UPSJB), presentó un proyecto de ley ante la Comisión de Educación, con el que buscaba la creación de un Consejo Nacional de Educación Universitaria (Conedu), órgano que coordinaría la educación universitaria, con lo que la Sunedu no tendría razón de ser.
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En 2016, el Congreso forzó la renuncia del ministro de Educación, Jaime Saavedra. El pedido de censura provino por parte de la bancada Fuerza Popular. La situación ocasionó que miles de personas, entre ellas estudiantes, salgan a las calles a protestar en contra de la decisión del Parlamento de sacar al titular del sector Educación. Los manifestantes y sectores políticos atribuyeron la acción a un intento de anular la reforma educativa.
En 2018, el pleno del Congreso votó en contra del proyecto de ley que ampliaba por tres años del impedimento para abrir nuevas universidades. La entonces jefa de la Sunedu, Lorena Masías, pidió una nueva votación para la ley de moratoria. “No es el momento de crear nuevas universidades. La reforma universitaria no puede parar”, señaló vía Twitter.
Entre 2018 y 2019, las fujimoristas Paloma Noceda y Tamar Arimborgo encabezaron la comisión de Educación. Ambas aprobaron investigaciones a la Sunedu por el proceso de licenciamiento de las universidades. No se llegaron a presentar los informes, entre otras razones, por la disolución del Congreso de parte del expresidente Martín Vizcarra.
En 2020, la Comisión de Educación elaboró el predictamen que pretende brindar una segunda oportunidad a las universidades no licenciadas.
Por lo pronto, el argumento más usado por los congresistas para respaldar sus proyectos de ley contra la reforma universitaria es que miles de alumnos se han quedado sin estudiar, esto fue desestimado por Oswaldo Zegarra, quien ha sido enfático en señalar que la Sunedu “no cierra universidades”, su labor es autorizar su funcionamiento siempre y cuando cumplan las referidas condiciones básicas de calidad.
Este jueves 16 y viernes 17 de diciembre, el pleno del Congreso debate los proyectos de ley, tanto el que busca otorgar una segunda oportunidad a las universidades no licenciadas, como el de la reconformación del consejo directivo del organismo adscrito al Ministerio de Educación.
