Sociedad

Arequipa: vacunación y retorno a las aulas no debe detenerse, según Defensoría del Pueblo

Para la Defensoría del Pueblo es necesario que las autoridades encargadas del Gobierno Regional de Arequipa garanticen la continuidad de la gestión tras la detención del gobernador. Solicitan asistencia de la Comisión Anticorrupción.

Defensoría del Pueblo detalló que debe seleccionarse funcionarios con “probidad e idoneidad”. Foto: composición La República
Defensoría del Pueblo detalló que debe seleccionarse funcionarios con “probidad e idoneidad”. Foto: composición La República

La Defensoría del Pueblo se pronunció sobre la detención preliminar del gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, y diversos funcionarios involucrados en una presunta red criminal. La entidad, a través de su portal web, hizo un llamado a que las autoridades encargadas garanticen la continuidad de la gestión y no se detengan los avances. Por ejemplo, el proceso de vacunación contra la COVID-19 o el retorno a las clases semipresenciales durante la pandemia.

La entidad también hace un hincapié sobre la designación, a la brevedad, de funcionarios con “probidad e idoneidad” para asumir los cargos en la institución regional. Esto debido a que entre los detenidos se encuentran encargados de la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema) y la representación del Gobierno Regional en el directorio de Sedapar.

Asimismo, se solicitó que la Comisión Regional Anticorrupción sesione y disponga la conformación de un grupo de trabajo a fin de evaluar varias investigaciones ligadas que todavía no llegan a una sentencia.

Cifras

Según datos de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, el 64% de casos investigados (434) se encuentran apenas en la etapa de investigación preliminar. A la vez, que Arequipa reporta un incremento del 139% de casos (249) relacionados a delitos de corrupción en el 2020 en comparación al 2017 (104).

En tanto, la Contraloría General de la República detalló que la región mistiana registra más de 901 millones soles de pérdidas por hechos de corrupción e inconducta funcional que involucran a funcionarios públicos.