Narcos habilitan 46 pistas de vuelo en pueblos de Ucayali

Doris Aguirre

El dato. Imagen reciente de una pista clandestina construida por los narcotraficantes en Padre Abad, Ucayali, para despachar droga a Bolivia o Brasil. Foto: difusión
El dato. Imagen reciente de una pista clandestina construida por los narcotraficantes en Padre Abad, Ucayali, para despachar droga a Bolivia o Brasil. Foto: difusión

Alerta roja. Una decena de dirigentes de comunidades indígenas ucayalinas fueron asesinados por exigir la salida de los narcotraficantes de sus territorios. De los 46 aeródromos identificados por las autoridades regionales, 13 están ubicados dentro de los linderos de los indígenas. Policía Antinarcóticos propone la instalación de bases antidrogas, aumentar el personal y dotar de helicópteros, embarcaciones y vehículos.

Conforme las actividades del narcotráfico se han ampliado en la región Ucayali, también ha crecido exponencialmente el número de pistas clandestinas para el transporte de droga, signo inequívoco del aumento de la producción. Según las autoridades regionales, los aeródromos ilegales suman 46 a la fecha. Pero no es el único indicio.

Dirigentes de comunidades indígenas que han rechazado a los cultivadores de hoja de coca que han invadido sus terrenos, y que se dedican a la elaboración de pasta básica que luego se exporta por los aeródromos ilícitos, han sido víctimas de las organizaciones criminales que se han instalado en las zonas cocaleras de Ucayali. Desde el 2015 hasta la fecha, periodo en el que el narcotráfico se ha empoderado en la región ucayalina, se han reportado 10 homicidios de dirigentes de comunidades indígenas que exigieron la salida de los cocaleros que alimentan al narcotráfico.

Según la estadística que manejan las autoridades regionales, de las 46 pistas clandestinas del narcotráfico identificadas, 13 se encuentran ubicadas en terrenos que pertenecen a las comunidades indígenas. Esto explica por qué con frecuencia el crimen organizado asesina a los líderes de las comunidades indígenas, porque exigen que se retiren de sus linderos. Como puede apreciarse en la infografía, la mayor parte de las pistas clandestinas del narcotráfico han sido habilitadas en territorio indígena.

Según el último censo nacional, uno de los distritos de Ucayali que alberga más comunidades indígenas es Antonio Raymondi: 37 en total. Coincidentemente, en ese distrito se han identificado 17 pistas clandestinas del narcotráfico. Quiere decir que a más presencia de productores de droga, hay más violencia hacia los indígenas.

“Por las imágenes satelitales hemos conseguido identificar 46 pistas clandestinas, de las cuales la mayoría están ubicadas en los pueblos indígenas contra la voluntad de los dirigentes y de los pobladores, que son amenazados y muchas veces atacados. Son pistas de 40 a 70 metros de ancho y 600 a 1.500 metros de longitud. Sirven para que las avionetas saquen la droga fuera del país”, explicó el gerente regional forestal y de fauna silvestre del Ucayali, ingeniero Marcial Pezo Armas.

Infografía-La República.

Eliminación selectiva

Entre 2019 y 2020, agentes de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional, en coordinación con las Fuerzas Armadas, destruyeron 13 pistas de aterrizajes ubicadas en la región Ucayali. Gran parte se encontraba en los distritos de Sepahua y Raymondi, en la provincia de Atalaya, donde se destruyeron 7 de ellas; mientras que en los distritos de Iparia y Pedro Abad, en la provincia de Coronel Portillo y Pedro Abad, respectivamente, se dinamitaron otros 6 aeródromos. Ahora son 46 pistas clandestinas. Han aumentado porque los narcotraficantes han aprovechado el periodo de la pandemia, en que las fuerzas de seguridad se han sumado a la lucha contra la COVID-19.

“Hay pobladores que a cambio de dinero del narcotráfico habilitan las pistas clandestinas. El Estado invierte en maquinaria, personal, explosivos, helicópteros y horas de vuelo para las inhabilitación de pistas de aterrizaje, pero al día siguiente de la operación la población vuelve a rehabilitar la pista”, dijo una fuente de alto nivel de la Policía Antidrogas.

La instalación de bases antidrogas, o la rehabilitación de las que existen, puede contribuir a reprimir el narcotráfico en Ucayali, señaló la fuente con conocimiento del caso.

Estas actividades del narcotráfico suceden porque no hay bases antidrogas, y si las hay son de los años 80 y 90, que no tienen una buena infraestructura y logística para contrarrestar al crimen organizado. Esta actividad no solo genera la deforestación, sino también el sicariato y otros graves delitos más como el lavado”, señaló la fuente antidrogas.

“Los helicópteros que tenemos para las operaciones aéreas antidrogas son limitados. Las operaciones se hacen más complejas, porque trasladarse de un punto a otro requiere muchas horas de vuelo, y por tierra se hace dificultoso. Esta coyuntura está siendo aprovechada muy bien por las redes del narcotráfico porque ven que la presencia del Estado no está muy cerca”, señaló.

En la región de Ucayali existe solo una pequeña base antidrogas instalada en la ciudad de Pucallpa, con poca flota de vehículos y embarcaciones fluviales que los estadounidenses donaron en los años 90 y 95, y que ahora son obsoletas.

Lo cierto es que las principales víctimas de la irrupción del narcotráfico son los dirigentes indígenas (ver nota aparte).

“Nuestros hermanos están siendo aniquilados por los narcotraficantes. Acá en Ucayali, el problema no solo es la deforestación de los bosques, sino que hora están usando nuestras tierras para cultivar la hoja de coca para el narcotráfico”, afirmó el jefe de la comunidad Flor de Ucayali, Hicler Guimaráez Vásquez.

Esta comunidad está conformada por 250 familias shipibas y se encuentra ubicada en el distrito de Callería, en la provincia de Coronel Portillo. Al igual que otros pueblos indígenas, sus tierras también han sido invadidas por personas dedicadas al tráfico de drogas.

“Desde el año pasado hemos denunciado ante la Policía y la Fiscalía sobre la siembra de la hoja de coca en nuestro territorio, pero no hemos encontrado respuesta. Si no actúan, los narcotraficantes seguirán matando a nuestros hermanos”, alertó Hicler Guimaráez.

El narcotráfico es sinónimo de muerte y destrucción.

“Las plantaciones ilegales de coca reducen la cubierta forestal e incrementan el proceso de deforestación y contaminación de suelos y agua en toda la región Ucayali. Por esa razón es de suma urgencia la intervención del Ministerio Público y la Policía”, añadió el gerente regional forestal de Ucayali, Marcial Pezo.

Asesinados

01.09.14. Edwin Chota Valera, Jorge Ríos Pérez, Leoncio Quintisima Meléndez y Francisco Pinedo Ramírez.

19.04.18. Olivia Arévalo Lomas.

28.04.20. Benjamín Ríos Urimishi.

25.02.21. Herasmo García Grau.

28.02.21. Yenser Ríos Bonzano.

De izq. a der. Parte superior: Edwin Chota Valera y Olivia Arévalo Lomas. Parte inferior: Benjamín Ríos Urimishi y Yenser Ríos Bonzano. Foto: composición

Las cifras

72.000 hectáreas de hoja de coca reportó EE. UU. en el Perú en el 2019. Creció 38%.

1.359 hectáreas de hoja de coca estimó la UNODC en Ucayali en el 2017.

20 pueblos indígenas u originarios, algunos en aislamiento, viven en Ucayali.

Ubicación de las narcopistas en Ucayali

Infografía-La República.

Infografía-La República.

Infografía-La República.

Infografía-La República.