Defensoría del Pueblo demanda al Ejecutivo que modifique confinamiento a personas adultas mayores

La entidad indicó que estas medidas impuestas atentan contra los derechos fundamentales de este grupo poblacional al estar más de seis meses en aislamiento.

Defensoría indicó que las medidas buscan proteger la salud del grupo de riesgo. Foto: Cortesía Sisol Salud
Defensoría indicó que las medidas buscan proteger la salud del grupo de riesgo. Foto: Cortesía Sisol Salud

La Defensoría del Pueblo demandó al Poder Ejecutivo que varíe las restricciones establecidas para los adultos mayores de 65 años en el marco del estado de emergencia por el nuevo coronavirus. “Tal como ha reiterado el Secretario General de las Naciones Unidas, la pandemia no solo ha tenido un impacto grave y desproporcionado en lo referido a su salud, sino también a sus derechos y su bienestar”, indicó en su comunicado.

La Defensoría pide que modifiquen la medida de confinamiento impuesta a esta población, que son más de 2 millones de personas en el Perú. Según lo mencionado por la entidad, esta medida estaría afectando su integridad física y mental, debido a que han pasado más de seis meses en aislamiento por la pandemia.

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“La prolongación del aislamiento social obligatorio para prevenir el contagio del COVID-19 con relación a este grupo de riesgo, si bien busca proteger su salud, casi siete meses después de iniciada la pandemia ha generado una severa afectación de otros derechos fundamentales”, se lee en el pronunciamiento.

Además, señaló que esto afecta también a la dignidad de estas personas al desconocer su autonomía y su derecho al libre desarrollo de la personalidad. El Gobierno peruano estableció que los adultos mayores, junto a los menores de 12 años, no podrían asistir a restaurantes, centros comerciales, entre otros.

En esa línea, envió un oficio a la Presidencia del Consejo de Ministros a fin de que las restricciones tomen en cuenta el respeto íntegro a los derechos fundamentales de las personas adultas mayores.

“El mayor nivel de vulnerabilidad de estas personas demanda implementar acciones positivas por parte de instituciones públicas y privadas para facilitarles el ejercicio de sus derechos y garantizar que puedan disfrutar de una vida digna durante su vejez, aun si ello representa un mayor despliegue de recursos públicos o privados”, señala. Hasta el momento, la población adulta mayor sigue siendo la más vulnerable al tener un número alto de muertes.

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