Golpean y lanzan insultos racistas a trabajadora de limpieza pública en San Luis
Una de las agresoras fue intervenida por la Policía Nacional y trasladada a la comisaría de Yerbateros. La víctima es gestante.
- Examen UNI IEN y Beca 18 2026-I: link de resultados para ver la lista de ingresantes
- Minedu anuncia la fecha oficial de inicio de clases 2026 en todo el país: revisa el cronograma

La gestante Crisanta Cajahuaman Valerio (40) denunció haber sido agredida física y verbalmente por un varón y una mujer, luego de haberle pedido permiso a ella para continuar con sus labores como trabajadora de limpieza pública en el distrito de San Luis.
Según la agraviada, la ciudadana extranjera Ángela Coromoto Yepes, se negó y empezó a insultarla con frases discriminatorias.
TE RECOMENDAMOS
EL FRACASO DE LÓPEZ ALIAGA Y PLAYA LAS SOMBRILLAS EN RIESGO | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO
PUEDES VER:Mujer lanzó insultos racistas a serenos que impidieron que agreda a su madre en Lurín [VIDEO]
''Estaba despolvando y el hombre me dice ‘serrana de m...’, dame pase'. Me ha golpeado con patadas y puñetes. Ella me ha golpeado y el hombre también me ha golpeado en el estómago. Yo estaba en mi centro de trabajo, limpiando'', contó Crisanta Cajahuaman, quien se halla con tres meses de gestación.
La pelea se produjo en el jirón 6 de Diciembre, ubicado en la urbanización Jorge Chávez. Ello, frente al resto de transeúntes de la zona, quienes fueron testigos de la agresión a la que se habría sumado un hombre conocido de la comerciante informal.
''(¿Por qué la golpeaste?) Me dijo muerta de hambre, a mí nadie me da para comer'', respondió Coromoto tras ser intervenida y conducida a la comisaría de Yerbateros.
Ante el hecho, la Municipalidad de San Luis comunicó que le brindarán el apoyo legal a Crisanta Cajahuamán y se formulará la denuncia correspondiente.
En Perú, en el año 2000, se incorporó en el Código Penal la aprobación de la Ley contra Actos de Discriminación.
Las víctimas de discriminación tienen derecho a denunciar, puesto que este delito tiene sanciones de 2 a 3 años de pena privativa de la libertad (suspendida o efectiva), así como la prestación de servicios a la comunidad de 60 a 120 jornadas de ocho horas cada una, como una forma de reparar el daño generado.




















