Sociedad

Fiscalía abre investigación por desaparición de pruebas rápidas en Municipalidad de Trujillo

Un total de 2.354 exámenes fueron empleados por EsSalud para realizar el descarte del personal de la municipalidad; sin embargo, existe un déficit de 527 pruebas.

Fiscalía abre investigación por desaparición de pruebas rápidas en municipalidad de Trujillo
Fiscalía abre investigación por desaparición de pruebas rápidas en municipalidad de Trujillo

La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de La Libertad inició investigación preliminar contra funcionarios de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) a fin de hallar a responsables de la desaparición de 527 pruebas serológicas de diagnóstico de COVID-19.

Al haberse tomado conocimiento del hecho, el Ministerio Público intervino la Gerencia de Personal de la MPT, que requirió la adquisición y es responsable de la distribución de las pruebas rápidas, el área de Almacén y la Oficina de la Red Asistencial La Libertad-Unidad de Inteligencia y Análisis de Datos (Essalud), puesto que esta última fue la encargada de la aplicación de estas pruebas en el personal de la municipalidad.

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En la diligencia participaron dos fiscales adjuntas provinciales, Magali Erika Zumaran Ramírez y Daisy Lázaro Acevedo junto a personal del Departamento Desconcentrado contra la Corrupción de la PNP.

“Como se recuerda la Municipalidad Provincial de Trujillo adquirió con celeridad y en plena pandemia de la COVID-19 3.000 pruebas rápidas para descartar esta enfermedad. Sin embargo, de acuerdo a las investigaciones efectuadas, 2.354 exámenes fueron empleados por EsSalud para realizar el descarte del personal de la municipalidad; asimismo, el Órgano de Control Interno contabilizó 119 pruebas en el almacén de la Gerencia de Personal”, señaló Zumarán Ramírez.

De encontrarse responsables, se incurriría en la figura delictiva de peculado tipificado en el artículo 387 del Código Penal y al ser considerado una circunstancia agravante, debido a los fines asistenciales o a programas de apoyo social, la pena privativa de libertad será no menor de ocho ni mayor de doce años.

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