Comunidad Campesina San Juan de Cañaris se quedaría sin proyecto de conectividad integral
El dirigente Hermógenes Tantarico denunció que Pronatel desconoce acuerdo de cesión de uso y pide venta de terreno. Solicitó intervención de la Defensoría del Pueblo y el Congreso.
La República en GoogleLa comunidad campesina San Juan de Cañaris (provincia de Ferreñafe) denunció que el Programa Nacional de Telecomunicaciones (Pronatel) pretende desconocer el acuerdo con la empresa Telefónica para la cesión en uso de terrenos y así ejecutar el proyecto de conectividad integral de banda ancha, el que ahora —dijo— no se ejecutaría.
Hermógenes Tantarico Manayay, presidente de esta comunidad, solicitó la intervención de la Defensoría del Pueblo y de la Comisión de Pueblos Indígenas del Congreso, a fin de que sus derechos no sean vulnerados.
Video destacado
TELLO PARCHA A KEIKO POR DISCURSO Y "PERSONA PODEROSA" MANDÓ A MATAR A 'CHINA POLO' | ARDE TROYA
El dirigente lamentó esta situación, la que dijo que afecta a más de 6.000 comuneros. “Nuestro territorio es inalienable e intransferible. No venderemos nuestros terrenos, pero sí exigimos respeto y la ejecución de la obra que significa desarrollo”, señaló.
- Temblor hoy en Perú, viernes 25 de septiembre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP
- Camioneta que pertenecería al Mininter atropella a joven que paseaba a su perro en SJM y lo deja en UCI
No venderán terrenos
En esa línea, precisó que en 2018 se logró llegar a un acuerdo con Telefónica, y el que —aseguró— conocía el Fondo de Inversiones en Telecomunicaciones (Fitel), hoy Pronatel, para la cesión en uso de los terrenos por 40 años y se ejecute la obra de instalación de redes a fin de que las instituciones públicas accedan a internet e intranet.
“Es injusto que se pretenda desconocer esta medida para dar lugar a la venta de nuestra propiedad, lo que no aceptamos”, expresó.
Piden apoyo de congresistas
Incluso, aseguró que Pronatel solicitó modificar el estatuto de la comunidad campesina con el objeto que sea viable la venta de los terrenos, pese a que tienen el amparo del Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT).
En ese contexto, señaló que la Defensoría del Pueblo y el Parlamento deben actuar conforme a sus competencias. “Las autoridades nos deben ayudar y no abandonarnos. Apostamos por la modernización de los servicios”, enfatizó.
Newsletter La República
Suscríbete aquí al boletín de La República y recibe a diario en tu correo electrónico toda la información sobre el estado de emergencia y la pandemia de la COVID-19.
