Contraloría realizará 38 servicios de control posterior en región Piura

Para determinar posibles responsabilidades administrativas, civiles y penales por presuntos casos de inconducta funcional o irregularidades cometidos por funcionarios públicos, la Contraloría General de la República realizará 38 servicios de control posterior, entre auditorías de cumplimiento y servicios de control específico, en diferentes entidades públicas de la región Piura.

Los auditores vienen recopilando información como parte del proceso de planificación y en los próximos días se iniciará la intervención a las entidades del ámbito local o regional. Entre los servicios a ejecutarse se encuentran siete auditorías de complimiento y 31 de la modalidad de control específico.

En 100 días del ejercicio de control gubernamental en la emergencia sanitaria COVID-19, en Piura se emitieron y publicaron 339 informes de control correspondiente a las ocho provincias del departamento, con la finalidad de contribuir al uso eficaz, eficiente y transparente de los recursos públicos destinados a medidas de prevención y contención del nuevo coronavirus.

Del total de informes de la región, el 57.8% son de tipo control concurrente, 32.2% orientación de oficio, 9.7% visita de control y 0.3% acción oficio posterior.

Casos emblemáticos

Respecto a los casos emblemáticos regionales destacan los informes relacionadas a los procesos de adquisiciones y almacenamiento de equipos médicos, de protección personal e insumos por parte de la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Piura, hospitales y otras unidades ejecutoras del sector en el marco del COVID-19.

En uno de los casos se advirtió que los mandilones adquiridos a un monto de S/ 457 050.00 se entregaron en un plazo posterior y no cumplieron con las especificaciones técnicas. Similar situación se evidenció durante una visita al almacén de la Dirección Subregional de Salud de Morropón-Huancabamba, donde solo se encontró 193 lentes protectores de un total de 1563 adquiridos.

Desde abril hasta julio de este año se visitaron las 65 municipalidades para verificar el proceso de adquisición y distribución de canastas de víveres. Las intervenciones permitieron que algunas comunas inicien mejoras a sus procesos para un almacenamiento adecuado de los víveres y que las canastas lleguen pronto a las familias vulnerables. Sin embargo, en el cruce de información se detectó que funcionarios y servidores aparecían como beneficiarios en los padrones.

Asimismo, se desarrollaron servicios de control simultáneo en 18 comisarías de la región Piura y en el establecimiento penitenciario de Piura, con la finalidad de supervisar su capacidad de respuesta a la emergencia sanitaria.

Comisarías y penal

En la comisaría de Piura se identificó que no se lleva un control adecuado de la cantidad de efectivos policiales que se practican pruebas de descarte para diagnosticar la COVID-19, mientras en el penal de Piura se detectó que los ambientes acondicionados para la atención de internos con casos confirmados de coronavirus no cuentan con el equipamiento mínimo requerido.