Chiclayo: quejan a fiscal por archivar investigación contra alcalde y regidores de JLO

Un trabajador municipal quejó al fiscal Martín Muñoz Basauri, de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Coporativa de José Leonardo Ortiz, por archivar una investigación realizada al convenio firmado por la comuna distrital para la instalación del Festival de las Luces del Oso Panda en la Plaza Cívica.

Recurso

El recurso de queja fue presentado por el empleado Ronal Gonzales Urbina, donde solicita que la Fiscalía Superior Penal ordene que continué con la investigación, y que posteriormente formalice la denuncia ante el órgano jurisdiccional.

Como se recuerda, el Ministerio Público inició investigación contra el alcalde distrital Wilder Guevara Díaz y los regidores oficialistas por los presuntos delitos de omisión de actos funcionales, alteración del paisaje urbano, abuso de autoridad y usurpación.

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Las presuntas irregularidades se habrían producido en el acuerdo de concejo n.° 016-2019, aprobado por el concejo municipal de JLO en mayo de 2019, durante sesión ordinaria. Mediante el mismo, se decidió aprobar la suscripción del convenio específico de cooperación entre la comuna y la empresa Jiuhe EIRL.

Sobre el particular, se precisó que la suscripción era irregular por incumplir el reglamento interno del concejo municipal y la Ley Orgánica de Municipalidades. Esto luego de que no se considerara el artículo 70° del reglamento interno del concejo edil, ya que el citado acuerdo para la instalación del festival habría sido aprobado sin que se haya emitido ni votado el respectivo dictamen.

Para la Defensoría del Pueblo, a través del oficio n. ° 383-2019, también existían irregularidades en el convenido debido a que se debía conformar una comisión encargada de emitir el dictamen, y la cual debía ser informada a los regidores de manera oportuna.

A esto se suma, el argumento de que la Plaza Cívica es un punto principal del distrito, donde la población acude en familia, y que por ende no se podía ser ocupado por completo el festival, además que las autoridades tampoco estaban facultadas de exonerar el pago de los impuestos.

“(...) el representante el Ministerio Público no ha tenido en cuenta que la Plaza Cívica es un bien de dominio público y por ende resulta inalienable, por lo que no podía ser materia de cesión y de ningún tipo de enajenación (...)”, se señala en la queja.

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