Sociedad

Puno: Más de 200 reos solicitaron acogerse a beneficios para salir de prisiones 

El Gobierno emitió una serie de medidas para deshacinar las cárceles, por el riesgo de contagio de la COVID-19. En Puno, jueces evalúan si internos cumplen las condiciones para dejar la prisión.

Presunto ladrón permanecerá tras las rejas mientras lo investigan. Foto: Shutterstock.
Presunto ladrón permanecerá tras las rejas mientras lo investigan. Foto: Shutterstock.

Al menos 227 reos esperan abandonar la reclusión en los penales de Puno. Presentaron su solicitud para acogerse a los beneficios penitenciarios emitidos por el Gobierno en el marco de la emergencia por la COVID-19. Así lo informó el presidente de la Corte Superior de Justicia de Puno, Walter Gálvez Condori a Correo.

Como se sabe, la semana última el Gobierno promulgó un decreto legislativo que establece las “medidas excepcionales” para deshacinar las cárceles del país. Ello se suma al primer paquete de medidas carcelarias que beneficiaban a reos por omisión de asistencia familiar, entre otros.

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Precisamente, un grupo de internos ya dejaron las cárceles de Puno, luego de saldar sus deudas por alimentos. Ello conforme a los lineamientos contemplados en el Decreto Legislativo N° 1459 publicado el 14 de abril.

Walter Gálvez precisó que juzgados ordinarios estarán a cargo de revisar las 227 solicitudes y dar su veredicto. Para el funcionario, la responsabilidad del impacto de las liberaciones recae más en la ley del Ejecutivo que en el Poder Judicial.

La autoridad judicial precisó que valorarán la gravedad de los delitos perpetrados al momento de emitir una decisión.

DISPOSICIÓN

La última medida aprobada por el Gobierno, introduce como novedad beneficios como la remisión condicional de la pena, cesación de prisión preventiva, semilibertad y liberación condicional, medidas excepcionales para adolescentes recluidos, entre otros.

Cabe destacar que internos procesados o condenados por feminicidio, homicidio, robo y robo agravado, secuestro, sicariato, extorsión, tráfico ilícito de drogas agravado, violencia en el contexto familiar o contra la mujer, violencia contra la libertad sexual, corrupción, entre otros delitos graves, no podrán acogerse a los beneficios penitenciarios.

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