Lambayeque: proponen hasta 15 años de cárcel para policías y proveedores por compras irregulares
Fiscalía amplia investigación contra cinco policías y siete proveedores por compra de insumos de limpieza y equipos de protección.
- Escolar de 14 años logra puntaje de ingreso a la UNI, pero no podrá ocupar la vacante
- Con 17 años, joven de Junín obtiene el primer puesto en Ingeniería de Sistemas en la UNI tras prepararse menos de dos meses

El fiscal anticorrupción José Guevara Gilarmas amplió investigación contra efectivos de la Segunda Macroregión Policial de Lambayeque y proveedores, por la presunta corrupción en la adquisición de insumos de limpieza y equipos de protección, en el marco de la pandemia del coronavirus.
La ampliación de las diligencias se dan por el presunto delito de colusión agravada en contra de Marcel Carbajal Tarazona, jefe de la Unidad de Logística; Jean Yampufe Sánchez, responsable del estudio de mercado; César Acosta Cajusol, responsables de las adquisiciones; Eduardo Fuentes Carmona, responsables de abastecimiento y servicios auxiliares; y Reinulfo Hoyos Gil, responsable de almacén.
TE RECOMENDAMOS
¡RENUNCIA EN EL CASO MARZANO! Y LÓPEZ ALIAGA SE DESPLOMA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026
Todos ellos son investigados por presunto agravio de la Unidad Ejecutora N° 28 Dirección Territorial Policial (Dirtepol) de Chiclayo.
PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

La indagación incluye a siete personas que pertenecen a cuatro empresas distintas, que ganaron contratos con la Policía para abastecer a las dependencias policiales de Cajamarca, Amazonas y Lambayeque. En el misma carpeta fiscal se precisa que la prognosis de pena que podrían alcanzar los investigados sería de 6 a 15 años de cárcel, según el Código Procesal Penal.
Empero una posible condena podría variar entre 6 y 9 años de cárcel, considerando que el investigado no tenga antecedentes penales.
Se trata de Claudia Hernandez Cornejo, Ramón Adonaire Martínez, Paola Mccoy Milanes y Verónica Baldeon Limaylla, de la empresa Jade Servicios Generales; Genoveva Luna Rojas, de Inversiones Cear SAC; Luis Guevara Torres, de la empresa AMT Representaciones SRL; y Melissa Puente Oliver, de la empresa Construcciones y Servicios Generales Luni SAC.
Se investiga que los efectivos no habrían establecido como especificación técnica el registro sanitario y fichas técnicas de los productos, entre otros.
Newsletter La República
Suscríbete aquí al boletín de La República y recibe a diario en tu correo electrónico toda la información sobre el estado de emergencia y la pandemia de la COVID-19.





















