Coronavirus en Perú: Comerciantes serán denunciados si cometen especulación
CÓDIGO PENAL. Inflar el precio de productos en tiempos de crisis acarrea penas que van de uno hasta tres años de cárcel. Experto dice que Ministerio Público, Prefectura y Defensoría del Pueblo deberían actuar y contener especulación por pánico ante coronavirus.
La República en GoogleJosé Salcedo y corresponsales
La escena se repitió casi en todo el país. Personas saliendo desesperadamente de tiendas mayoristas y centros comerciales cargando sacos de arroz y azúcar, papel higiénico y otros productos. Un cuadro del miedo colectivo infundado ante un posible desabastecimiento a causa del coronavirus.
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La alta demanda provocó especulación y el alza desmedida de precios en productos de primera necesidad en regiones del sur. En algunos mercados del Cusco, como Vinocanchón y Wanchaq, y en centros comerciales, un kilo de arroz pasó de S/ 3.00 a S/ 4.00 y S/ 6.00 en 24 horas; mientras que un rollo de papel subió de S/0.80 a S/ 1.20. En farmacias y boticas se agotó el alcohol en gel y la gente compró alcohol medicinal.
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Las tiendas de abarrotes en la ciudad de Puno fueron atiborradas de clientes. Se registraron colas de 500 personas. Los precios se dispararon, sin embargo, ayer sábado volvieron a la normalidad.
En los principales mercados de Arequipa, ayer no se registraron alzas. Los comerciantes pidieron calma a la población, que el jueves saturó supermercados y ferias. En el emporio San Camilo, los vendedores aún ofrecen arroz de la producción del 2019, y esperan la cosecha del 2020, descartando escasez. En la plataforma Andrés Avelino Cáceres, el grano no escaseó. El kilo de naranja en jugo se vende entre S/ 3 y S/ 3.50. Entre los productos de limpieza, aún se venden con normalidad en centros como Don Máximo. El paquete de papel de 24 unidades está entre S/ 17 y S/ 18.50. También hay lotes de jabón líquido, que no pasa los S/ 5. Sí hay escasez del alcohol en gel, que llegó a duplicarse su precio en los de 400 mililitros. Ahora vale entre S/ 13 y S/ 14, en comparación a días atrás.
Precios en productos
Las compras desmedidas ocurrieron pese al mensaje del presidente Martín Vizcarra y de los productores de arroz, que aclararon que no hay ninguna razón para temer. ¿Se puede hacer algo para evitar el alza del precio de productos? Sí. Los comerciantes y empresas que sigan especulando y eleven el costo de productos serán denunciados por delitos contra el orden económico en la modalidad de especulación.
Así lo sostiene el abogado Henry Delgado. “La regulación se encuentra en el Art. 234 del Código Penal. Son las autoridades las que deben actuar para no caer en la anarquía. El Ministerio Público debe actuar para evitar el desorden, previniendo los delitos previstos, tanto más si es defensor de la legalidad y sociedad”, explicó. Acotó que la Prefectura y la Defensoría también deben actuar en estos casos.
No obstante, el fiscal de Prevención del Delito, Eduardo Poblete, sostuvo que no se podía hacer nada para controlar los precios. Solo señaló que Indecopi debía intervenir para sancionar administrativamente una posible concertación, algo difícil de probar.
Código penal
El Artículo 234° del Código Penal es claro respecto al delito de especulación. “El productor, fabricante o comerciante que pone en venta productos considerados oficialmente de primera necesidad a precios superiores a los fijados por la autoridad competente será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años y con noventa a ciento ochenta días-multa”. En dos de sus variantes las penas no superan un año de prisión.
El artículo 236° precisa que es un agravante si los delitos se cometen en época de conmoción o calamidad públicas. En estos casos la pena será privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años.
Delgado precisa que estamos en un momento en el que la especulación incurre en el agravante. “Evidentemente, esta circunstancia (la emergencia sanitaria) ha hecho que muchos productores y comerciantes efectúen actos de especulación frente a la psicosis de la población, ello no solo perjudica el derecho de los ciudadanos a una salud pública, sino también al de la tranquilidad, fundamentales previstos en nuestra Constitución”, dijo.
