Prevenir antes que reparar

Arrecian los eventos naturales, sobre todo en el sur del país. Urge tener una política de prevención de desastres más sólida y no solo actuar sobre tragedias consumadas.

Editorial
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Nuevamente, como todos los años, las profusas lluvias que caen estos meses de verano en la sierra han comenzado a causar desastres, a destrozar las previsiones y, finalmente, a acabar con la vida de algunas personas o por lo menos con sus bienes y esperanzas. Los departamentos más golpeados, por el momento, son Cusco, Tacna, Moquegua, Arequipa, Puno.

El sur está entrando en una severa emergencia que, una vez más, deja la sensación de que lo ocurrido no era tan imprevisible, fortuito, enviado por un cielo o un Dios furioso. La tragedia producida en el distrito cusqueño de Santa Teresa (provincia de La Convención), por ejemplo, tiene un antecedente que data de hace apenas un año, cuando ocurrió algo casi premonitorio.

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El 13 de febrero del 2019, en la misma zona, se derrumbó un cerro –según Defensa Civil a causa de las lluvias– y represó el río Salkantay, el mismo por donde el domingo pasado se vino lo que ya puede calificarse como un aluvión, que ha afectado a pueblos de ese distrito, como Sahuayaco y Chaullay, en los que se han reportado tres muertos y 30 desaparecidos.

En otras palabras, ya se sabía que era una zona vulnerable. No se puede decir que lo acontecido es tan sorprendente. Y más aún: el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Edgar Vásquez Vela, delegado por el Ejecutivo para atender la emergencia en el Cusco, ha declarado que se ha mandado especialistas a investigar si el cambio climático tiene influencia en estos fenómenos.

En el caso de la lloclla (en rigor, como hemos insistido en La República, ese es el nombre de lo que llamamos ‘huaico’) que se vino por la Quebrada del Diablo, ubicada en el distrito del Alto de la Alianza (provincia de Tacna), la tragedia sobrevino por una razón triste y recurrente: la costumbre de asentarse en el cauce mismo de una quebrada, como si no hubiera riesgo alguno.

Como hemos reportado en este diario, un evento de similares proporciones se produjo el 27 de febrero de 1927. Con el paso de los años, sin embargo, la memoria de lo acontecido se apagó, y las personas se volvieron a asentar donde nunca tenían que estar. Como ocurre en Chosica y en otros varios lugares, donde la imprudencia, de ciudadanos y alcaldes, activa las tragedias.

Una propuesta que debería considerar el próximo Congreso es trabajar una ley que sancione, severamente, a las autoridades que llaman a habitar esas zonas, para luego poner servicios y beneficiarse políticamente. Otra es revisar la normativa sobre el cambio climático y actualizarla, hacerla más efectiva, porque no podemos ser tan vulnerables frente al mundo que se nos viene.

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