El final feliz de un niño con síndrome de Down que fue rechazado por 26 colegios

“Si quiere lo aceptamos, pero no nos hacemos responsables si le hacen bullying”, es la frase que le dijo el director de una institución educativa en Piura a Antonio Moretti cuando intentó matricular a su hijo con síndrome de Down.

Fue una de las tantas veces en que, durante 6 años, colegios regulares rechazaron a su hijo Giacomo y le negaron la oportunidad de acceder a una educación como cualquier niño de su edad. “No”, “no somos un colegio inclusivo”, “los profesores no están preparados”, eran algunas de las excusas.

Antonio Moretti y su esposa Brenda Rucoba tocaron varias puertas para que Giacomo sea recibido. “La impotencia de que te rechacen sin que te conozcan, sin que te den oportunidad, simplemente es un bloqueo total”, aseguran.

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Luego de ser rechazado en 26 colegios, finalmente uno lo aceptó y ahora el menor se encuentra en quinto año de primaria, sin embargo, la pensión que pagan es tan alta que está al nivel de una mensualidad universitaria.

Ellos son conscientes que en su caso cuentan con recursos económicos, no obstante, saben que existen familias con niños con discapacidad que luchan por se admitidos en planteles estatales y probablemente tengan mayores dificultades.

Actualmente el presupuesto para el Programa Presupuestal 106 (destinado a la inclusión de niños y jóvenes con discapacidad en la educación básica, técnico y productiva) representa solo el 0,67% del total nacional destinado al sector Educación.

Para el 2020, el presupuesto es de S/ 215 millones 988 mil 469, es decir, S/ 18 millones más que el 2019. El Ministerio de Educación (Minedu) ha priorizado la contratación de personal capacitado (intérpretes de lengua de señas, terapistas del lenguaje, entre otros especialistas) y la mejora en la infraestructura.

Ana Cavero, monitora en el Programa Nacional de Formación de Directores y Subdirectores de Instituciones Educativas Públicas del Minedu, asegura para el 2020 se han triplicado las plazas para el personal, lo que significa que ahora serán 601.

“A diferencia de otros años, se han incorporado plazas CAS para inclusión, que suman 295 de las 611, representando un 48% de las plazas totales en esta modalidad de contratación. (...) No basta con que (el menor con discapacidad) esté matriculado, sino que requiere ser atendido”, subrayó.

Según el último informe de la Defensoría del Pueblo, solo el 5% de colegios supervisados indicó contar con materiales necesarios para atender a una escolar con discapacidad. En relación a este punto, el presupuesto para infraestructura en el 2020 aumentó en 1.3 millones con respecto al 2019, sobre todo para el acondicionamiento y materiales.

“Para implementar medidas más radicales, se va a requerir más diálogo y, por supuesto, presupuesto. Es importante que no nos divorciemos de la población. Vamos a revisar nuestras normas para que sean muchas más adaptadas. Estamos avanzando”, sostuvo Cavero.