Dos días después, nadie responde por muertes de Alexandra y Carlos

Informe por Jesica León - Joel Robles

Alexandra Porras Inga y Carlos Gabriel Campos Zapata, ambos de 18 años, se conocieron en la secundaria del colegio Nuestra Señora de Fátima, en La Perla. Compartían muchas cosas, entre ellas, el sueño de seguir una carrera en la universidad.

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Pero antes querían juntar dinero para aligerar los gastos a sus familias. En setiembre pasado, Alexandra consiguió una vacante en la tienda McDonald’s de Pueblo Libre para trabajar junto a Carlos, con quién había iniciado una relación.

"Quería estudiar Derecho, ser juez. Era una chica muy justa. Me dijo que estaba ahorrando para sus gastos de la universidad pese a que yo le decía que no lo haga, pero ella insistía", cuenta Jhoana Inga, su madre.

Carlos, por su parte, fue brigadier general de la promoción 2017 y un destacado alumno, alegre, espontáneo y muy solidario, recuerdan sus amigos.

Los jóvenes fueron hallados sin vida dentro de mencionado local en la mañana del último domingo, tras recibir una descarga eléctrica cuando realizaban labores de limpieza en la cocina.

Y a pesar del tiempo transcurrido, la madre de Alexandra denunció no haber recibido ninguna explicación de parte de McDonald’s. La cadena se limitó a comunicar que declarará dos días de duelo y todos sus restaurantes estarán cerrados.

Familiares de Carlos pidieron revelar las cámaras de seguridad para saber si hubo alguna manipulación de la escena y que se pronuncien los supervisores que atendían esa noche.

Elizabeth Carmona, abogada de la familia de Alexandra Porras, aseguró que poseen fotografías y videos que muestran que existían cables expuestos en dicho local. Precisó además que interpondrán denuncia contra la municipalidad de Pueblo Libre pues no hizo una supervisión permanente al local.

Jhoana Inga, madre de Alexandra, precisó que su hija trabajó en condiciones laborales inseguras. “Alexandra se quejaba de que la mandaban a hacer de todo, hacían limpieza y no los habían preparado para nada, ni en Defensa Civil porque eso es un trabajo peligroso, con aceite caliente”, aseguró.

La 35° Fiscalía Provincial Penal de Lima dispuso que el Departamento de Investigación Criminal de la Policía de Breña-Pueblo Libre inicie las investigaciones y en un plazo de 40 días deberá enviar el resultado de las pesquisas para esclarecer la muerte de los dos jóvenes.

En ese tiempo, la Policía deberá recoger las declaraciones de los dueños o administradores del local comercial y el testimonio de los trabajadores, así como realizar la inspección de las instalaciones eléctricas, los niveles de seguridad, contra accidentes de trabajo y conocer las condiciones en que se encontraban Alexandra y Carlos en el momento del trágico suceso.

También se conocerán los motivos por los cuales los rescatistas no tuvieron acceso inmediato a las víctimas tras la descarga eléctrica, entre ellos, los bomberos, quienes fueron impedidos de ingresar al local.

Al respecto, el jefe de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), Juan Carlos Requejo, precisó que se va a realizar una investigación para determinar responsabilidades, para lo cual se cuenta con un plazo de 30 días.

McDonald's podría recibir una multa de hasta S/ 189.000 (45 UIT) en caso se le halle responsable de la muerte de los trabajadores.

De darse esa situación, la multa no irá a las familias, sino al Estado. "Pero sí sirve el expediente que haremos como elemento técnico que ayudará a las familias para pedir una indemnización a través del Poder Judicial", explicó Requejo.

El jefe de Sunafil precisó que el local donde ocurrió la tragedia fue inspeccionado hace 6 meses y en ese entonces cumplía con las normas.

"Es imposible con 700, mil o 3 mil inspectores que Sunafil pueda detectar las irregularidades en todo el país. El aliado es el trabajador y debe saber sus derechos, estamos yendo a las universidades e institutos para capacitar a los jóvenes".

Al respecto, Julio Espinoza, abogado experto en procesos penales, asegura que en el caso de McDonald's el posible delito sería atentado contra la seguridad laboral tipificado en el Art. 169-A del Código Penal, el cual señala que si como consecuencia de la inobservancia de las normas de seguridad se causa la muerte del trabajador, la pena va de 4 a 8 años de privación de la libertad.

A propósito de este hecho, hay que recordar la muerte de Jovi Herrera Alania y José Luis Huamán Villalobos, quienes trabajaban encerrados y fallecieron en un incendio en el edificio Nicolini, en el 2017. En este marco, el abogado laboralista Fernando Varela pidió al Estado fortalecer a la Sunafil y recordó que el 80% del mercado es informal.

La República consiguió algunos testimonios de extrabajadores de este tipo de negocios. Como el de Carlos: "Trabajé un mes en Bembos de Plaza Norte donde no nos daban una silla para descansar pese a que trabajábamos 8 horas parados. Todos nos teníamos que quedar hasta que termináramos de limpiar el local. Esto incluía que trapeáramos los pisos. Para ello, no se desconectaban los aparatos eléctricos. Tampoco recibimos capacitaciones para saber qué hacer ante accidentes".

O Juan: “Trabajé en Pizza Hut delivery en San Borja. Los días que me tocaba cerrar nos hacían desarmar las piezas del horno que estaban calientes”.

La clave

La ministra de Trabajo, Silvia Cáceres, señaló anoche que Sunafil emitirá un informe sobre el hecho en 30 días. “Si se vulneraron los derechos de estos jóvenes, se procederá con las sanciones, aunque el dinero no es lo importante porque una vida no tiene precio”, dijo, tras lamentar las muertes de Alexandra y Carlos.