PNP, FFAA e INPE tienen 223 quejas por tortura y maltrato

Por: Milagros Berríos

Preocupante. Tres muertes y 223 quejas vinculadas a tortura, maltrato físico o psicológico, así como trato inhumano en penales (INPE), dependencias policiales (PNP), Fuerzas Armadas (FFAA) y centros de acogida han sido reportadas ante la Defensoría del Pueblo el año pasado.

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Estas víctimas, que se encontraban privadas de su libertad, han sido sometidas, de manera desproporcionada, a agresiones físicas o psicológicas por funcionarios, servidores públicos o terceros (con consentimiento de superiores). “Buscan afectar su dignidad y obligarlas a dar pruebas o autoinculpaciones”, dice Porfirio Barrenechea, director del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, adscrito a la Defensoría del Pueblo.

Esto sucedió –según la institución– con 3 muertes ocurridas el año pasado. Una de las víctimas es la cadete Eileen Zegarra, de la Escuela Militar de Chorrillos, quien murió durante una rutina de entrenamiento en San Bartolo, y las otras son los internos Alex Valderrama y Mamerto Florián (aún en investigación) en el penal de Challapalca, en Tacna.

Del total de casos de la Defensoría, 174 son maltrato físico o psicológico (incluida la discriminación o privarlos de alimentación); 20, trato cruel; 21, uso desproporcionado de la fuerza; 2 vulneración del trato preferente y 6 tortura (ver infografía).

“Las muertes son consecuencia de las agresiones en la captura, el traslado o en los mismos penales ante una situación de desorden. Hay una línea muy fina entre lo que es su formación de militar y el ejercicio de sus derechos. La dignidad debe cautelarse”, dice Barrenechea.

Poblaciones vulnerables

Estas situaciones también ocurren en otros locales con personas privadas de la libertad como hospitales, centros de rehabilitación o psiquiátricos. Según advierten, los grupos con mayor vulnerabilidad son las mujeres, niños, ancianos, población LGTBI e indígenas,quienes están más expuestos a sufrir agresiones sexuales y amenazas de muerte.

Para la Comisión de Derechos Humanos (Comisedh), otros casos de tortura han sido la muerte de cuatro miembros del Ejército en la playa Marbella, en Magdalena ( 2017), que aún no ingresa a juicio oral, o el ataque de policías a Renzo Carrasco (21) en un local de Los Olivos, que lo dejó al borde de la muerte. “Luego de trasladarlo a la comisaría, Carrasco es obligado a firmar documentos, sin tener la oportunidad de leerlos por el malestar”, indica.

Desde el 2001, esta institución ha asumido la defensa legal de 36 casos de tortura (24 en el ámbito nacional y 12 internacional), los cuales se han reportado en ciudades como Lima, Tacna, Tumbes, Arequipa, Ayacucho y Junín. Cinco se iniciaron el 2018.

“Los procesos judiciales son tan largos que una vez que se agotan los recursos nacionales, recién se buscan los internacionales. Puede demorar más de 10 años conseguir una sentencia por tortura”, refiere el presidente de Comisedh, Pablo Rojas.

El especialista considera urgente la implementación del registro nacional de víctimas de tortura –compromiso incumplido por el Estado–, a fin de contar con cifras oficiales, aplicar correctivos y recomendaciones.

No más casos impunes

También se requiere el fortalecimiento de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, con la dotación de más presupuesto y personal; el desarrollo de una política pública para la rehabilitación de las víctimas, y el estudio de los fallos judiciales sobre tortura (penado hasta con 20 años). Según Rojas, muchos jueces siguen el proceso con delitos “más benignos” como abuso de autoridad o lesiones, lo cual reduce la pena y deja el caso impune.

La clave

Este miércoles se conmemoró el Día en Apoyo de las Víctimas de la Tortura. La U. Cayetano Heredia reporta 340 personas LTGBI atacadas por serenos y policías.