Congreso favorece a la minería ilegal, advierten fiscales

Los fiscales especializados en materia ambiental de Madre de Dios manifestaron su preocupación por las iniciativas en el Congreso “orientadas a facilitar la minería informal e ilegal, en desmedro de los intereses nacionales”.

En un pronunciamiento, precisan que el Legislativo propone establecer nuevas condiciones para reabrir el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) —administrado por el Ministerio de Energía y Minas (Minem)— y dar un nuevo plazo de inscripción, lo que desnaturaliza el carácter excepcional y temporal de esa medida, beneficiando a la minería ilegal, teniendo en cuenta que desde el 2002 estamos en “un proceso de formalización eterno”.

Sostienen que los informales aducen “lo complejo del proceso” como una imposibilidad para lograr la formalización o afirman que esta vez sí será posible, siendo los mismos argumentos que desincentivan la formalización.

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Eso, con base en el dictamen recaído en los proyectos de ley 2172, 2519, 3621 y 5171, que son impulsados por el expresidente del Congreso, José Williams Zapata (Avanza País); Jorge Marticorena (Perú Bicentenario); Jorge Flores Ancachi (Acción Popular) y Guido Bellido, también de Perú Bicentenario.

Los fiscales expresaron su preocupación por la reciente aprobación por insistencia del proyecto de ley 2715-2021 en la Comisión de Energía y Minas, el cual pretende modificar el Decreto Legislativo 1100, encargado de regular la interdicción de la minería ilegal.

Consideran que esa norma planteada por el congresista Eduardo Salhuana, de APP, “debilita el mecanismo de interdicción al incluir un procedimiento más que puede dilatar y comprometer las investigaciones del delito”. Al respecto, señalaron: “Estas medidas, además, ponen en riesgo nuestras vidas cuando tenemos que realizar nuestra labor en zonas de alto peligro y muy distantes”.

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Inseguridad, sin recursos

Advierten que los fiscales que realizan las acciones de interdicción no cuentan con los recursos económicos y logísticos para la custodia y traslado de la maquinaria, entre otros instrumentos, que utiliza la minería ilegal. Precisan que esas intervenciones “se realizan en lugares con poco acceso y bastante alejados, por lo que trasladar esa competencia a los gobiernos municipales y regionales, que tampoco cuentan con dichos recursos para el traslado inmediato del lugar de los hechos, debilitará este mecanismo”.

Sostienen que la propuesta legislativa atenta contra la autonomía del Ministerio Público y el carácter reservado de esas operaciones, por lo que advierten que a esos hechos “se suma el peligro constante que enfrentan como operadores de justicia frente a una actividad ilegal de gran envergadura”.

Mueven casi S/23.000 millones al año

La minería ilegal ha generado más de 22.700 millones de soles al año, equivalentes al 2,5% del producto bruto interno (PBI), según el estudio ‘Abordaje integral de la minería ilegal e informal en el Perú’, realizado por la consultora V&C Analistas.

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“La idea inicial era que el Estado incentive a que los mineros se formalicen, pero si cada cierto tiempo van a seguir abriendo el Reinfo para que ingrese más gente nueva, los gobiernos regionales nunca van a poder cumplir ese objetivo”, señaló el especialista César Ipenza Peralta, en una entrevista para la Agencia de Prensa Ambiental.

El dato

Visitas. Ojo Público informó que representantes de federaciones mineras visitaron despachos de congresistas que promueven medidas a favor de la informalidad, entre ellos Jorge Flores Ancachi, de Acción Popular.