Dictan 18 meses de impedimento de salida del país a Jhean Silva, hijo del extitular del MTC
Jhean Silva sería el testaferro de las actividades ilícitas de Juan Silva, otrora ministro en el Gobierno de Pedro Castillo. Así lo dio a conocer el Ministerio Público.
- Tía María: agricultores anuncian paro el 16 y 17 de diciembre en el Valle de Tambo, mientras Southern continúa construcción del proyecto
- Contraloría concluye que Sunedu cometió irregularidades al no reconocer al rector interino de la UNI

Jhean Carlos Silva Sánchez, hijo del exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva Villegas, no podrá salir del país durante 18 meses debido a que el Poder Judicial declaró fundado el pedido de impedimento de salida en su contra.
Esta medida fue impuesta por la titular del Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional, Soledad Barrueto Guerrero. Esta acción tiene la consigna de cautelar el proceso y garantizar los actos de investigación.
TE RECOMENDAMOS
DELIA ESPINOZA CONTRAATACA Y ELECCIONES CRÍTICAS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
Jhean Silva habría sido el testaferro de las actividades ilícitas de Juan Silva, otrora ministro en el Gobierno de Pedro Castillo. Así lo expuso el Ministerio Público. Cabe precisar que el exministro del MTC permanece prófugo de la justicia.
PUEDES VER: Pedro Castillo: Comisión Permanente votará el martes informe final para acusarlo por organización criminal


Foto: captura Twitter del Poder Judicial
El caso Juan Silva
El sábado 4 de junio de 2022, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria del Poder Judicial dictó impedimento de salida del país contra Juan Silva, exministro de Transportes y Comunicaciones, por 36 meses, por los presuntos delitos de organización y colusión en agravio del Estado, en los que se encontraría involucrado, según la investigación del Ministerio Público en el caso Puente Tarata.
A esto se suma la denuncia constitucional en su contra aprobada en diciembre del año pasado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso. El trasfondo de la denuncia gira en torno a los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y contra la administración pública en la modalidad de corrupción.





















