Gobierno desmantela esquema de autoridades políticas de Castillo

En lo que podría interpretarse como el desmontaje del esquema de autoridades políticas designadas por el pasado régimen del exmandatario Pedro Castillo, la Dirección General de Gobierno Interior dejó sin efecto el nombramiento de 312 subprefectos distritales en 23 regiones del territorio nacional.

Durante su mandato, el expresidente Castillo nombró como subprefectos a militantes de su organización política, Partido Magisterial, así como de Perú Libre, que lo postuló a la jefatura del Estado.

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De acuerdo con fuentes del Ministerio del Interior, estos funcionarios en lugar de responder a las directrices establecidas sobre las funciones del Subprefecto Distrital, en lugar de representar y defender al Estado, como señala la ley, tuvieron distintos grados de participación en las manifestaciones a favor de la restitución del exmandatario Pedro Castillo y contra la jefa del Estado, Dina Boluarte.

“Luego de recibir información de inteligencia sobre la actuación de estos subprefectos distritales designados por el expresidente Castillo, como organizadores, instigadores o participantes de las violentas protestas, se evaluó la situación de estos funcionarios y se prescindió de sus servicios”, explicaron fuentes del Ministerio del Interior.

La norma precisa que los exsubprefectos deberán entregar sus cargos y presentar sus declaraciones juradas de bienes y rentas, así como sus declaraciones juradas de intereses, con la finalidad de proceder a los procesos de fiscalización que corresponden.

Conforme a las normas vigentes, el subprefecto es un representante del Estado y tiene la misión de planificar, dirigir y supervisar acciones relacionadas con el orden interno y el orden público. De acuerdo con la disposición publicada este domingo, la mayor parte de los 312 subprefectos cesados son de Ayacucho (46), San Martín (34), Junín (33), Puno (31) y Cajamarca (19), áreas en las que el exmandatario Pedro Castillo obtuvo amplia votación en la segunda vuelta presidencial.

Es llamativa la coincidencia de que buena parte de los subprefectos destituidos sea de Ayacucho, la región donde se registraron los más graves episodios de violencia en las dos últimas semanas. El 15 de diciembre, el Ejecutivo dio por concluidas las funciones de 24 prefectos regionales, por lo que la medida dispuesta el 25 de diciembre es complementaria del proceso de desmontaje de la red de autoridades políticas nombradas por el gobierno anterior.

Además de nombrar subprefectos a militantes del Partido Magisterial y de Perú Libre, el régimen de Castillo reclutó pata dicho cargo a miembros del sindicato Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (FENATEP), que está conformado por elementos del Conare-Sute, una agrupación integrada por exmiembros de Sendero Luminoso y por acusados de apología del terrorismo.

“Los informes de inteligencia indican documentalmente la relación de algunos de los subprefectos cesados con grupos de fechada senderista. Ha sido irresponsabilidad del gobierno anterior designar representantes del Estado (subprefectos distritales) personas cuya ideología plantea la destrucción del Estado. Es un contrasentido”, explicaron las fuentes del Ministerio del Interior. Después del segundo intento de vacancia presidencial, y mientras crecía la confrontación con el Congreso, Castillo siguió nombrando subprefectos en todo el país. Incluso sostuvo reuniones con estos en Palacio de Gobierno.

“El expresidente convirtió a los prefectos y subprefectos en miembros de un partido político en la sombra, que obedecían fielmente a sus órdenes. Por eso cuando terminó el gobierno, hubo quienes se sumaron a las protestas, sabiendo que una nueva administración nos les permitiría continuar en los cargos”, apuntaron las fuentes.

Mientras el Ministerio del Interior evalúa la designación del reemplazo de los subprefectos distritales cesados, el área administrativa se hará cargo de los despachos transitoriamente. La norma precisa que los exsubprefectos deberán entregar sus cargos y presentar sus declaraciones juradas de bienes y rentas, así como sus declaraciones juradas de intereses, con la finalidad de proceder a los procesos de fiscalización que corresponden.

Esta medida se debe a que el Ministerio del Interior recibió reportes de que presumiblemente los subprefectos usaron bienes y fondos públicos para alentar y respaldar las movilización a favor de Pedro Castillo.

El sueldo de un subprefecto distrital es de 2.300 soles