Congreso: se entrampa el debate sobre la ley de terrorismo urbano
No hubo consenso en la sesión del Pleno. El fujimorismo insistió con esta ley, pero la discusión pasó a un cuarto intermedio. El Ejecutivo, por su parte, había propuesto que los miembros de la FFAA y la PNP sean procesados en el fuero militar ante denuncias por su accionar en los estados de emergencia.
El Congreso no logró, por ahora, aprobar la ley sobre la tipificación del delito sobre terrorismo urbano. El tema pasó a un cuarto intermedio y el debate en el Pleno se retomaría el miércoles 9 de octubre.
El presidente de la Comisión de Justicia, Isaac Mita, de Perú Libre, había presentado un dictamen omitiendo dicho término y refiriéndose a la criminalidad sistemática.
Esto generó la reacción del fujimorismo y sus bancadas aliadas. La congresista de Fuerza Popular (FP) Martha Moyano protestó porque el dictamen incluyó modificaciones no deliberadas en la Comisión de Justicia.
“Este dictamen ha sido pedido expreso del presidente de la Mesa Directiva. Esto ya se ha debatido. Asimismo, ha sido a propuesta de varios congresistas”, le respondió el perulibrista Isaac Mita.
Los congresistas de las bancadas satélites del fujimorismo salieron en coro a cuestionar el texto planteado por Mita y exigieron debater la anterior propuesta que incluía la tipificación del terrorismo urbano.
Mediante una cuestión previa, esa insistencia dio pie a que sea deliberado el dictamen original. Pero tampoco hubo luz verde. La discusión se entrampó al extremo de pasar a un cuarto intermedio para que el presidente de la Comisión de Justicia finiquite el texto sustitutorio.
El gremio de transportes había exigido al Congreso ponerse de acuerdo, caso contrario la próxima semana se va a un nuevo paro.
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La salida se complica. La ley sobre terrorismo urbano iba a necesitar ser votada dos veces en distintas sesiones del Pleno, lo que llevaría, por lo menos, dos semanas más. Con la falta de consenso del último jueves, el tema se dilata.
Diversos expertos habían alertado que una ley sobre terrorismo urbano no resolverá la crisis de inseguridad.
Ejecutivo propone ley de fuero militar
Por la mañana, la mandataria Dina Boluarte había enviado una propuesta al Congreso que incluyó en una disposición complementaria que los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú (PNP) que, durante la vigencia de los estados de emergencia, sean denunciados por actos realizados en el cumplimiento de sus funciones, serán procesa - dos de acuerdo al artículo 173 de la Constitución
Es decir, en el fuero militar.
El abogado constitucionalista Heber Joel Campos recordó que “solo pueden ser sometidos al fuero militar los delitos de función en los que incurran los miembros de las FFAA y de la PNP, pero si incurren en delitos comunes, deben someterse al fuero civil u ordinario”.
“Y eso no excluye, por supuesto, la presunta comisión de delitos comunes en ejercicio de sus funciones. Es grave que el Gobierno haya omitido ello y plantee una norma que resulta ajena a la práctica constitucional consolidada en nuestro país”, cuestionó el jurista.
Campos advirtió que, en caso militares y policías sean denunciados por su proceder ante las protestas sociales durante un estado de emergencia, serán procesados en el fuero militar
Van por la captura del sistema judicial
Mientras tanto, el Congreso avanzó en otra contrarreforma. Antes de las 2 de la tarde aprobó una moción impulsada por el fujimorismo para exhortar al Ejecutivo, el Tribunal Constitucional (TC), Poder Ejecutivo, Ministerio Público y Defensoría del Pueblo a presentar en un plazo no mayor de 20 días un proyecto de ley para la reforma del sistema de justicia y del sistema penitenciario
El autor de la moción fue el vocero de Fuerza Popular (FP), Arturo Alegría.
Cuando fue sometida a votación, 69 congresistas de su bancada y de Perú Libre, Alianza para el Progreso (APP), Podemos Perú, Bloque Magisterial, Acción Popular, Avanza País y Somos Perú apoyaron esta pretensión.
Mientras avanzan estas maniobras, no hay ánimos en las bancadas de discutir la derogación la Ley 32108 que redefine el crimen organizado e impide los registros durante los allanamientos sin la presencia de los abogados de los investigados.
