Comisión de Justicia aprueba dictamen para sancionar penalmente a menores de 16 y 17 años
Propuesta fue impulsada por Alejandro Muñante y otros legisladores. Fiscales de familia se habían pronunciado en contra de una norma de este tipo.
La Comisión de Justicia del Congreso, bajo la presidencia de Américo Gonza de Perú Libre, aprobó esta tarde un dictamen con una serie de modificaciones al Código Penal para incorporar a los adolescentes de 16 y 17 años de edad, como imputables dentro del sistema penal.
El texto estuvo estancado y había pasado a cuarto intermedio por todas las implicancias que puede tener una norma de este tipo respecto de los tratados internacionales. Sin embargo, Américo Gonza insistió hoy con la propuesta y fueron ocho los votos a favor del dictamen.
TE RECOMENDAMOS
ÁLVARO PAZ DE LA BARRA EN VIVO Y MIRTHA VÁSQUEZ SE SALVA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD
Votaron a favor el mismo Américo Gonza y sus colegas de Perú Libre Flavio Cruz y Kelly Portalatino. Se sumaron en los votos los miembros de Fuerza Popular Patricia Juárez y Jorge Morante.
A estos votos se sumaron los de Alejandro Muñante (Renovación Popular), María Acuña (APP) y Heidy Juárez (Podemos y ex APP).
Américo Gonza, presidente del grupo de Justicia, explicó que la regulación es para los delitos más graves. “Creemos que tiene concordancia de sancionar estas conductas, porque si no van a seguir mal utilizando en las bandas a los jóvenes criminales y no van a tener sanción”, comentó.
Opiniones en contra
Durante el escueto debate, hubo oposición por parte del legislador José Balcázar, quien hizo hincapié en optar por sanciones “con mayor rigor” hacia las personas mayores que instigan a los menores de edad para cometer delitos graves como el sicariato. “Sería una política criminal acertada”, comentó. Pero no le hicieron caso.
Hace una semana también se pronunciaron en contra los fiscales de familia y los fiscales de la Coordinación Nacional del Programa Nacional Justicia Juvenil Restaurativa del Ministerio Público. En un comunicado público alertaron que una norma de este tipo (en referencia a un proyecto similar de Juan Burgos) vulnera “los compromisos internacionales de defensa y protección de los derechos de los niños y los adolescentes”.
