Pasión Dávila presentó amparo contra su suspensión, pero juzgado declara incompetencia del caso
Congresista del Bloque Magisterial busca anular la suspensión de 120 días y evitar futuras sanciones por golpear a Juan Burgos en el Congreso.
La República en GoogleEl congresista del Bloque Magisterial Pasión Dávila presentó una acción de amparo ante el Poder Judicial para anular la suspensión de 120 días sin goce de haber que le impuso el Pleno del Congreso por golpear cobardemente al legislador Juan Burgos, en el hemiciclo de sesiones, el 11 de diciembre del 2022. Sin embargo, el juzgado que recibió el recurso del suspendido parlamentario se declaró incompetente para analizar y resolver el pedido.
Así lo dispuso el Primer Juzgado Constitucional de Lima, a cargo del juez David Suárez Burgos, quien recuerda que, debido a una ley dada por este Congreso, el conocimiento en primera instancia de las demandas de amparo contra decisiones de órganos del Congreso recae en la Sala Constitucional de turno.
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"Por las consideraciones expuestas, se declara que este despacho es incompetente para el conocimiento de la presente demanda; en consecuencia, remítase la misma al Centro de Distribución General (CDG), a fin de que sea derivada a la Sala Constitucional correspondiente; prescindiendo de notificarse la presente resolución a efectos de no dilatar su calificación", se lee en la resolución a la que accedió La República.
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Pedidos de Pasión Dávila
En su demanda, el congresista del Bloque Magisterial Pasión Dávila requiere a la justicia dejar sin efecto la decisión del Pleno del Congreso, tomada el 28 de diciembre del año pasado, de suspenderlo del cargo por 120 días sin goce de haber. La propuesta de la Mesa Directiva fue aprobada con 62 favor, 38 en contra y 6 abstenciones.
Pese a la flagrancia de sus actos, Dávila Atanacio también exige que "se ordene a la Mesa del Consejo Directivo del Congreso que se abstenga de presentar ante el Pleno del Congreso de la República propuesta de sanción disciplinaria contra el accionante".
El legislador insiste en que su caso debe pasar primero por la Comisión de Ética. Sin embargo, en la práctica parlamentaria, se han dado sanciones disciplinarias sin ser tramitadas en el referido grupo de trabajo.
