ONU expresa preocupación por intervención del Congreso en organismos electorales peruanos

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) ha publicado, recientemente, un informe que aborda la data documentada y las observaciones relacionadas con la situación de los derechos humanos en Perú, específicamente respecto a las protestas que se iniciaron el 7 de diciembre de 2022. En este documento, se enfatiza la preocupación de la OACNUDH sobre los reiterados intentos del Congreso por interferir en la composición del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

"Desde finales de febrero, el Congreso ha presentado seis proyectos de ley distintos para modificar la Constitución a fin de permitir que los jefes titulares de los organismos electorales sean 'acusados constitucionalmente' por el Congreso por supuestas infracciones constitucionales, lo que suscita preocupaciones por la posible interferencia con su independencia", dicta el documento. De esta manera, se remarca la preocupación de la OACNUDH por la separación de poderes y el funcionamiento de la democracia en el país.

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Ataques del Congreso contra organismos electorales

Según el informe de la OACNUDH, desde las elecciones generales de 2021, los presidentes del JNE y la ONPE han sido objeto de ataques personales. El jefe del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha sido víctima de 18 casos de ataques y hostigamiento, incluyendo 14 protestas frente a su domicilio, algunas de ellas realizadas por el grupo 'La Resistencia'; además, también hubo amenazas de muerte. De manera similar, el jefe de la ONPE ha enfrentado numerosos ataques en redes sociales y manifestaciones frente a su domicilio, originados por una campaña de desinformación que comenzó durante los últimos comicios.

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Intromisión y asedio a la JNJ

De manera profética, el informe de la entidad internacional advertía una posible intromisión del Congreso para modificar los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Al respecto, reportó que estos integrantes han sido objeto de cuatro acusaciones constitucionales, entre mayo y agosto de 2023, que permitirían al Congreso suspenderlos de sus funciones públicas por periodos de hasta 10 años.

Es importante recalcar que el 18 de octubre en el Parlamento se aprobó un informe final que podría resultar en la destitución de los siete miembros de la JNJ. El documento debe ser remitido al Pleno para su votación; la fecha dependerá de la Junta de Portavoces.