Omar Coronel: “(‘La Resistencia’) es parte de la coalición de apoyo al Gobierno de Dina Boluarte, la mano dura de la ultraderecha”

Por: Alejandro Céspedes García

― ¿Cómo lee la participación de grupos como ‘La Resistencia’ en presuntos diálogos con entidades gubernamentales?

En EE.UU. cuando Trump ganó la presidencia, muchos grupos radicales empezaron a salir con muchas más fuerzas. En cementerios judíos salían a dibujar esvásticas y a marchar con simbologías nazis o del Ku Klux Klan. La lectura de los sociólogos estadounidenses es que políticos que toleran esos discursos empoderan a grupos radicales. El hecho de que Otárola esté en el poder y que el Congreso los considere tanto hace que se sientan legitimados. Les dan la sensación de revancha. Es evidente cómo estos grupos tienen vinculaciones con actores institucionales como, por ejemplo, congresistas, el defensor del Pueblo, autoridades policiales, etc. Todo esto les da fuerzas. Y su defensa es “guardemos las formas, pero todos sabemos lo que estamos haciendo”. Son parte de la coalición de apoyo al Gobierno de Boluarte, ya que representa la mano dura que reclamaban los sectores de ultraderecha radicales del país. Acciones como las vistas en el Mincul son señales de cómo las cosas están cambiando en el poder. Estos grupos consistentemente están mostrándose como la nueva pandilla protofascista, que legitiman no solo a ‘La Resistencia’, sino a otros grupos radicales. El mensaje es que este es “su gobierno”. Todos los días son escalones hacia abajo que dan cuenta de la degradación política en la que nos encontramos”. Sin embargo, tampoco hay que sobredimensionarlos, porque en las calles son pocos. La derecha ya está empezando a marchar desde hace tiempo en el Perú. No necesitan ser muchos para causar grandes daños en el país.

― La ‘Toma de Lima’ está planeada para el 19 de julio. Algunos dicen que es la tercera, pero otros hablan de que ha habido más de tres. ¿Quién tiene la razón?

Es una consigna que aparece mucho antes, durante el Gobierno de Castillo, cuando un sector intentaba deslegitimar los resultados de las elecciones del 2021. En este ciclo de los últimos meses, desde el autogolpe de Castillo, en la narrativa se volvió a instaurar con más fuerza esta consigna. La primera en enero, la segunda en marzo y la tercera ahora en julio. Pero el mismo nombre se ha utilizado en otras protestas. Hay bastantes divisiones en la oposición a Dina Boluarte. Quienes rechazan a Boluarte son más del 75% de los peruanos. Es un número que ha ido en aumento. Esta desaprobación es incluso mayor que la desaprobación a Castillo, a García y a Toledo en su momento. Esto tiene que ver con la sensación de impunidad ante medio centenar de ciudadanos asesinados durante las protestas. No obstante, ha generado distintas agendas dentro de los manifestantes, donde el principal mínimo común denominador es la salida de Boluarte.

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― Pero no todos quieren marchar juntos.

― Para todos los que quieren marchar, hay una coincidencia en que bajo este gobierno no va a haber ningún tipo de diálogo y que es parte de una coalición autoritaria que erosiona la democracia. Sin embargo, puedo distinguir tres diferentes bloques. Una izquierda más popular, sobre todo de la zona sur, que pide, además de la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso, la convocatoria de una asamblea constituyente y, dentro de ellos, otro pequeño sector que pide la restitución de Castillo. Hay otra izquierda más tradicional-urbana que pide solo el adelanto de elecciones, con criterios más conservadores en lo social. Y, finalmente, también hay otra izquierda más liberal-institucionalista clasemediera que pide la salida de Boluarte, el adelanto de elecciones y reformas en adelante. Los tres espacios se sienten muy incómodos marchando juntos, debido a la división de agendas que evita la coordinación eficiente de la movilización. Para los dos primeros, la premisa es que no se puede marchar con quienes le dieron la espalda a Castillo. Para el sector más liberal-institucional, que no se puede marchar con posiciones radicales. Mientras unos quieren cambiar todo el modelo económico, otros buscan ciertas reformas. Esta falta de diálogo viene de viejas heridas que ocasionaron la división del bloque antifujimorista desde el 2016.

― En efecto, algunas personas movilizadas han criticado que en algunas bases de organización para la movilización social existen mayores discursos puristas sobre las posturas de los miembros que la componen. ¿Cómo entender esta tendencia a la segregación dentro de la protesta social?

― Hay una dinámica de radicalización por competencias. Los tres bloques mostrados anteriormente buscan imponer sus agendas particulares para tratar de llegar a más gente. Sin embargo, bajo esas formas se ve imposible la convocatoria de grandes masas. No se trata de no marchar bajo ciertas ideas, sino con ciertas personas. Es un tema muy emotivo. Yo no puedo marchar con los reservistas, no puedo marchar con los de Verónika Mendoza, con liberales de derecha como Rosa María Palacios. Esto nubla la observación clara de la amenaza de autoritarismo en el copamiento institucional de órganos como el JNE, la JNJ, entre otros. El problema no solo es ideológico, sino es, sobre todo, emotivo.

― ¿Qué les dirías a los diversos grupos de izquierda?

― Es importante que sepan que nada de eso se puede debatir si es que no estamos en democracia. Esas discrepancias internas están haciendo olvidar que la dictadura es un proceso que está avanzando día a día. La gente decía que no creían que capturen la Defensoría porque decían que “algo pasará”. Esto es porque hemos estado acostumbrados a que, en los últimos 23 años, cuando parecía que algo se iba a desmoronar, las cosas se arreglaban de una u otra forma: una protesta, un freno de una coalición en el Congreso, la Fiscalía, etc. Esto está en el chip incluso de colegas muy informados. Lo que está pasando es que se están bloqueando todas las salidas institucionales no solo de corto, sino de largo plazo. Y si la trayectoria sigue sin que nada la detenga, yo no creo que este año acabe sin el JNE y la ONPE copados.