Alberto Otárola: PCM pagó S/39.000 por su defensa en investigación por genocidio ante Fiscalía
A inicios de enero, el Ministerio Público abrió una investigación por presunto delito de "genocidio" contra la presidenta Dina Boluarte por las muertes ocurridas durante las protestas. En este proceso, también está implicado su primer ministro.
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A través de la resolución de secretaría general de la Presidencia del Consejo de Ministros, a cargo de Óscar Enrique Gómez, se aprobó que sea el Estado el que asuma el costo económico de la defensa legal del jefe de la PCM, Alberto Otárola, en la investigación preliminar en la que está inmerso y que realiza la Fiscalía de la Nación. En esta se indaga sobre su presunta responsabilidad penal en las muertes ocurridas en el contexto de la represión policial hacia los manifestantes durante las protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte.
“Se resuelve otorgar el beneficio de la defensa y asesoría legal solicitado por el Sr. Luis Alberto Otárola Peñaranda, presidente del Consejo de Ministros, durante la investigación a cargo del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación, llevada a cabo en la carpeta fiscal N.º 277-2022”, se lee en la resolución N.º 012-2023-PCM/SG.
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En tanto, se dispuso que la Oficina General de Administración y la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto efectuara acciones pertinentes para la contratación y ejecución de los gastos en razón de la defensa y asesoría legal en beneficio del primer ministro.
El Estado pagó S/39.000 por defensa legal del primer ministro. Foto: captura de la resolución N° 012-2023-PCM/SG
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En tanto, La República pudo confirmar que —con fecha del 10 de febrero del 2023— se ordenó contratar los servicios de un abogado para que ejerza la defensa de Alberto Otárola ante la Fiscalía de la Nación. De acuerdo con información del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), el monto de la orden original ascendió a S/39.000.
Finalmente, se advierte que, en caso Alberto Otárola sea encontrado responsable al final del proceso judicial, estará obligado a devolver el costo del dinero asumido por el Estado para defenderlo en calidad de funcionario.
Alberto Otárola, investigado por genocidio por la Fiscalía
El martes 10 de enero, la Fiscalía de la Nación anunció la apertura de una indagación preliminar por las muertes en protestas contra altos funcionarios de Estado. Así lo anunció a través de la cuenta de Twitter de la institución: "La fiscal de la Nación dispuso iniciar investigación preliminar contra la presidenta Dina Boluarte; presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola; ministro del Interior, Víctor Rojas, y ministro de Defensa, Jorge Chávez".
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El proceso responde a los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves contra ciudadanos que participaron en las manifestaciones que pedían la salida de Dina Boluarte de la presidencia. Ese mismo día, el primer ministro se presentó ante el Congreso de la República para solicitar el voto de confianza y, finalmente, obtuvo el visto bueno del Parlamento, el cual rechazó esta semana la admisión de la primera moción de vacancia contra la jefa de Estado.
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