Rohel Sánchez: “Que Congreso y Ejecutivo depongan sus intereses y atiendan el reclamo del pueblo”

El presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) y gobernador de Arequipa, Rohel Sánchez, pide elecciones generales este año, pero reconoce como camino posible la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y cambio de directiva del Congreso. Cuestiona el terruqueo y la infiltración delictiva en las protestas.

—¿Cómo evalúan los gobiernos regionales la crisis política?

—Hay miradas distintas. El común denominador es que tiene origen en el Poder Legislativo y el Ejecutivo. Y hay clamor sobre una auténtica descentralización. Los ministerios centralizan el grueso del presupuesto y decisiones en Lima. Además, esta crisis social y política no es reciente, viene de años atrás. En el sur, ¿cuáles son las inversiones de impacto generacional? Hay intentos, pero allí se quedan: gasoducto, petroquímica... Hay inversión privada en la que falta intervención del Estado: el Corredor Minero del Sur... También se dieron mesas de diálogo, de trabajo, compromisos, ofertas que no se ejecutan. Hay un embalse de reclamos.

—Demandan la renuncia de Boluarte, cierre del Congreso y adelanto de elecciones al 2023.

—La ANGR pide solución a las demandas ciudadanas, respeto a los derechos humanos, diálogo y adelanto de elecciones. La población pide adelanto de elecciones, no reformas políticas significativas, sí lo mínimo para garantizar una transición. Eso hemos canalizado. Expresamos firme condena por las muertes y reiteramos que el adelanto de elecciones con el recorte presidencial y del Congreso sea de modo inmediato.

—El gobernador de Huancavelica se sumó a los de Puno, Cusco y Apurímac en pedir renuncia a Boluarte. ¿Qué piensa?

—Una cosa es la opinión de la ANGR, que debe incorporar la mirada de todos, y otra la de los gobernadores, que deben canalizar exigencias de su población. Hay que ser respetuosos de esos planteamientos. En la práctica, hablamos de adelanto de elecciones y haremos la propuesta al Legislativo, que no está mirando a la regiones, sino en otra dinámica, pensando en su reelección, bicameralidad. No es momento para eso. Que depongan sus actitudes y miren a la población. Si no, seguiremos con gran afectación económica. Exigimos al Congreso y al Ejecutivo que depongan sus intereses particulares y que atiendan el reclamo de la población.

—En el sur, una gran mayoría quiere que se vaya Boluarte.

—Viene de una corriente que se va incrementando, no solo la renuncia. Se puede plantear su renuncia y del Legislativo, pero en el ordenamiento legal debemos pensar en un proceso de transición democrática. Lo otro es caotizar y no sabemos el derrotero. Como autoridades, debemos saber canalizar reclamos de la población y plantear alternativas. Planteamos adelanto de elecciones. Si la población conoce que habrá cambio de autoridades, podremos allanar el escenario y estabilizar.

—Algunos plantean renuncia de Boluarte, cambio de directiva del Congreso y elegir a un congresista de consenso que pueda recibir respaldo de la población. ¿Cómo ve ese camino?

—Ese es un camino, pero igual tenemos que pensar en las elecciones. La renuncia sin una actitud de atender la demanda de la población en el Legislativo no nos llevará a nada. Hay planteamientos, salidas. Puede ser esa una salida: renuncia el Ejecutivo y se elige nueva directiva del Congreso. Otra es sentar al Ejecutivo y Legislativo y decir: “Pongámonos de acuerdo…”.

—Ustedes buscan consultar a las autoridades electorales sobre adelantar elecciones al 2023. ¿Cómo va esa gestión?

—El 25 tenemos reunión formal, pero ya el presidente del JNE dijo que es viable ajustar estos plazos a 4 meses y 2 meses la segunda vuelta. En la legalidad, debemos garantizar el proceso de transición democrática; de lo contrario, nos vamos al abismo. Tenemos que ser responsables. Salidas son muchas, pero aquí la única es adelanto de elecciones, al margen de los mecanismos que se puedan dar, ya sea renuncia del Ejecutivo, ya sea que se ajusten los cronogramas.

—¿Eso es con cambio de Gobierno y de Congreso este año?

—Sí, pero no en julio, sino en plazos que se puedan. De lo contrario, habrá autoridades cuestionadas y quizá problemas en legitimidad y representación.

—Se dice que es importante la reforma, porque sin ellas se eligen autoridades que pronto se deslegitiman. ¿Qué opina?

—Decimos reformas mínimas para garantizar la transición democrática y renovación de Ejecutivo y Legislativo, no como plantea el Congreso con más de 50 reformas constitucionales. Este Congreso no tiene la legitimidad para poder hacer reformas constitucionales, políticas y electorales profundas.

—¿Reformas profundas quedan para el nuevo Congreso?

—Que quede para la agenda de un nuevo congreso y de hecho que se tienen que hacer. Este Congreso no tiene el aval. Y los congresistas que están con el terruqueo, que dicen que los protestantes son narcotraficantes o aliados de países vecinos, por favor, que tomen con mucho cuidado sus expresiones.

—El mismo Gobierno lo dice. ¿Cuál es el impacto de esa conducta en la relación del Gobierno central con las regiones?

—Ese tipo de expresiones, en vez de conciliar con la población, agudiza la confrontación.

—¿Pero no descarta que pueda haber cierta infiltración de esos sectores violentistas?

—No tengo la menor duda. Hay gente infiltrada. ¿Pero dónde están los servicios de inteligencia? Que haga su trabajo, identifique y actúe la Fiscalía, pero no afecten a toda la población en el derecho a la protesta de forma pacífica.

—¿Cómo sienten las regiones más de 50 vidas perdidas?

—Ninguna acción, ni el hecho de querer aferrarse a una postura de un cargo, justifica la pérdida de una vida humana ni tampoco justifica el daño a la integridad física de las personas, tampoco el daño y afectar la propiedad privada y pública. Pedimos investigación profunda, rápida y objetiva. La impunidad no fortalece la democracia.