PNP allana locales de Nuevo Perú y Confederación de Comunidades Campesinas sin presencia de la Fiscalía

Con información de Paolo Zegarra/URPI-LR

Efectivos de la Dircote de la PNP se presentaron este sábado, en horas de la mañana, en los locales de la agrupación política Nuevo Perú y de la Confederación de Comunidades Campesinas. Las diligencias se produjeron en el tercer día del estado de emergencia dictado por la presidenta Dina Boluarte y sin la presencia de un representante de la Fiscalía de la Nación ni de abogados defensores.

La congresista Ruth Luque, señaló que en el recinto se encontraban pernoctando 22 ciudadanos de distintas partes del Perú, varios de ellos quechuahablantes. Además, el secretario del partido Nuevo Perú, Enver León denunció que el agente de la PNP que realizó el allanamiento no contaba con la identificación reglamentaria y se encontraba, incluso, vestido de civil.

El efectivo al que se refería León era Percy Huapaya Moreno, coronel de la PNP, a quien acusó públicamente de haber dirigido la operación sin la presencia de un miembro del Ministerio Público.

Al lugar llegaron los congresistas Ruth Luque, Sigrid Bazán, Hamlet Echeverría y algunos asesores de la legisladora Isabel Cortez.

Luque precisó que, según la PNP, las diligencias llevadas a cabo en los dos inmuebles se habían impulsado tras basarse en “una supuesta flagrancia y sobre una supuesta sospecha”. Situación que la congresista señaló como “abusiva”.

A sus reclamos agregó también que había sido impedida de cumplir su labor de fiscalización y representación al no dejarle ingresar a la diligencia cuando llegó a los inmuebles, labor que incluso fue increpada por el general Oscar Arriola de la PNP, quien se encargaba de determinar el ingreso a los establecimientos.

En el lugar se encontraron diversos materiales, tales como pasamontañas, machetes, cuchillos, pierdas, un par de hondas, tachuelas y pancartas. Debido a las armas incautadas se dispuso la detención de las 22 personas de entre todos los intervenidos.

Sobre ello, tanto León como Luque precisaron que los detenidos no reconocían ser propietarios de los machetes y cuchillos. Enver León incluso denunció un ‘sembramiento’ de armas por parte de la PNP.

Estas acciones se dieron sin la presencia de la Fiscalía de la Nación ni de abogados encargados de velar por los derechos de los intervenidos durante el estado de emergencia.

El Ministerio Público hizo su aparición después de que los congresistas denunciaran su ausencia, pues al momento de que Luque y Bazán declaraban a la prensa, recién se había determinado la llegada de un fiscal.

Lista de detenidos por la PNP

La lista de detenidos en los locales comprendía ciudadanos de Apurímac y del Vraem que llegaron a la capital con motivo de las protestas y que habían sido acogidos por la Confederación de Comunidades Campesinas, que les brindó estadía, alimentación y servicios básicos.

Se cuentan 12 ciudadanos provenientes de Apurimac y otros 10 prevenientes de la zona del Vraem.

PNP alega que allanamiento se dio por presuntos actos violentistas

Por su lado, la Policía se pronunció indicando que dicha intervención se debía a sospechas de que dichas instalaciones albergaban a personas que habrían realizado actos violentistas.

“Hemos intervenido en un estado de excepción que se denomina estado de emergencia, reconocido constitucionalmente, por la información de que adentro (instalaciones de Nuevo Perú y de la Confederación de Comunidades Campesinas) están (las personas) que causan desmanes, destrozos e incendios. (Asimismo), debo informar que adentro se han encontrado machetes, hondas, y piedras”, aseveró el jefe de la Dircote, Óscar Arriola.

Posteriormente, desde la cuenta de la Policía Nacional del Perú, se intentó dar a entender que dicho operativo había contado con la participación del Ministerio Público. Hecho que fue desmentido por la congresista Ruth Luque, quien precisó que la afirmación era falsa.

“No es cierto que la “intervención” fue con la Fiscalía de la Nación. Yo estuve aquí y fui impedida de ingresar. Luego de las denuncias ingresé y posterior a mi visita llegó el Fiscal de DDHH. Y luego se hizo presente Fiscal contra terrorismo”, anunció Luque Ibarra por su cuenta de Twitter.

En medio de su pronunciamiento, el general Arriola, denunció que entre los detenidos se encontraban dos investigados por asesinato en el ‘Andahualylazo’ y un denunciado por terrorismo. No obstante, en conversación con La República, Miguel Jugo, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH); señaló que incluso existiendo estas medidas, las detenciones eran irregulares.

“Estas personas no han estado cometiendo delitos en el momento en que se los ha intervenido. Ese es un pretexto para hacer lo que han hecho, que es completamente ilegal”, anunció.

Además, Jugo precisó que de los tres investigados, ni uno cuenta con una sentencia firme. “Rosendo Ramírez Oscorima fue investigado, pero no condenado por el ‘Andahuaylazo’, mientras que en el caso de Isaías Galindo, una disposición del Poder Judicial dispone que se anulen sus antecedentes judiciales y penales”, agregó.