Proyecto de ley de Fuerza Popular, impulsado por Carlos Tubino, propone ciertos beneficios que directamente beneficiarían a los ex miembros del grupo Colina., La bancada fujimorista de Fuerza Popular presentó un proyecto de ley para que los militares y policías sentenciados o que enfrentan juicios por haber cometido asesinato, secuestro o tortura durante la guerra contra el terrorismo, purguen condenan o enfrenten los tribunales en los exclusivos penales castrenses. PUEDES VER: Jaime Saavedra se quiebra durante despedida del Ministerio de Educación El 15 de diciembre, pocas horas después que los fujimoristas aprobaron la censura al ministro de Educación, Jaime Saavedra, por iniciativa del congresista Carlos Tubino Arias Schreiber se formuló el proyecto de ley “que dispone el traslado a establecimientos penitenciarios militares a procesados o condenados por delitos vinculados al contexto de la lucha contra el terrorismo de miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional”. Los directos beneficiados son los ex miembros del Destacamento Colina, oficiales y subalternos del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) condenados por las masacres de Barrios Altos y La Cantuta. También los recientemente condenados altos mandos del Ejército a quienes se atribuyó el secuestro, tortura y desaparición de los estudiantes Kenneth Anzualdo y Martín Roca, y el profesor Justiniano Najarro, ejecutados e incinerados en los sótanos del SIE. Y, por supuesto, al masacrador de Accomarca, el mayor EP (r) Telmo Hurtado, condenado a 25 años por el asesinato de 69 campesinos, entre ellos varios niños. Telmo Hurtado, ex teniente del Ejército que dirigió la patrulla que asesinó a sangre fría a 60 campesiones en Accomarca (Ayacucho) El proyecto se sustenta bajo el supuesto de que los militares y policías presos viven bajo la amenaza de ser víctimas por parte de reos terroristas presos en los mismos establecimientos penales. Pero no se consigna ni un solo caso que fundamente la iniciativa legal. “El objetivo del proyecto de ley es salvaguardar la integridad física de los militares y policías que participaron activamente en la lucha contra el terrorismo y que por excesos, negligencia, acción u omisión, en la actualidad se encuentran privados de su libertad en establecimientos penitenciarios comunes envueltos en procesos judiciales, sea en calidad de procesados o sentenciados conjuntamente con reos comunes, donde también se encuentran terroristas condenados por este delito, lo cual es nefasto y contraproducente a la lógica y sentido común en un país que intenta reconciliarse después de haber sufrido un largo periodo de convulsión y zozobra a causa del terrorismo”, se indica en la exposición de motivos del proyecto. Las leyes peruanas no establecen que los militares o policías sentenciados por graves violaciones de los derechos humanos reciban un trato deferente, distinto, privilegiado, confinándolos en reclusorios de las instituciones armadas o policiales a las que pertenecieron, y en donde encontrarán un ambiente de camaradería con sus ex compañeros de armas. El proyecto de ley está fechado el 23 de noviembre, pero ingresó a Mesa de Partes el 15 de noviembre al borde las cinco de la tarde. La iniciativa del vicealmirante en retiro Carlos Tubino cuenta con las firmas de los generales de la Policía en retiro Octavio Salazar y Marco Miyashiro, de los legisladores Luis Galarreta, Rolando Reátegui, Karla Schaefer, Federico Pariona, Roy Ventura, Gilmer Trujillo, César Segura, Carlos Domínguez, Juan Yuyes, Gilder Ushñahua, Carlos Domínguez, Milagros Takayama, Dalmiro Palomino, Guillermo Martorell y Juan del Águila, entre otros. De aprobarse la norma, beneficiaría a los 33 oficiales y subalternos de la Marina acusados por el homicidio de 133 reclusos de El Frontón. Los internos fueron fusilados después de haberse rendido con bandera blanca. Lee el proyecto y sus fundamentos en los documentos originales: Cárcel Dorada by Ángel Páez on Scribd
