Un día antes de que el organismo electoral convoque a la consulta popular en Lima, la jefa de la ONPE, Magdalena Chú, le pidió al presidente del JNE, Hugo Sivina, una reunión para organizar la mejor realización del proceso. Sin embargo, sin escuchar a nadie, el pleno fijó la fecha para el 17 de marzo.Unilateral., María Elena Castillo El 30 de octubre, la jefa de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Magdalena Chú, conversó por teléfono con el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Hugo Sivina, para pedirle una reunión a fin de coordinar la convocatoria a la revocatoria de la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, y sus regidores. Sin embargo, al día siguiente, el pleno del JNE fijó la fecha de forma unilateral. A las cuatro de la tarde del 31 de octubre, el JNE publicó en su página web una nota de prensa que informaba sobre su decisión de convocar a la revocatoria en Lima para el 17 de marzo del 2013 y en el resto del país para el 7 de julio de ese mismo año. Con esta resolución (N° 1000-2012-JN) el Jurado ignoró la solicitud de la ONPE de tener un encuentro para buscar la mejor manera de organizar la consulta en Lima, tomando en cuenta las características propias de una ciudad con casi seis millones de habitantes. Pese a ello, la jefa de la ONPE insistió, y ese mismo miércoles 31 de octubre envió un oficio –vía fax– al doctor Sivina pidiéndole que, en aplicación del artículo 25 de la Ley Orgánica del JNE, llame a una sesión del pleno con carácter de urgencia, para coordinar aspectos relativos a la consulta popular. En la cita también debía participar el jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), Jorge Yrivarren. En ese mismo documento le recuerda la conversación del día anterior, en la que le solicitó una reunión previa a la convocatoria. Cabe recalcar que el artículo 74 de la Ley Orgánica de Elecciones (N° 26859) indica que los máximos representantes del JNE, ONPE y Reniec "deben mantener una relación de coordinación y colaboración entre ellos con el propósito de asegurar que los procesos electorales se efectúen de acuerdo con las disposiciones y los plazos previstos". HASTA MAYO Como el JNE siguió en silencio, el jueves 1° de noviembre la doctora Chú le solicitó postergar la fecha de la revocatoria en Lima al menos por 60 días y le alcanzó el informe N° 072-2012-OGPP/ONPE, que sustentaba el pedido. En el informe –al que La República tuvo acceso–, la ONPE explica en forma detallada los procedimientos a seguir para una consulta popular. Precisa que para ello requiere un mínimo de 73 días calendarios, contados a partir del 2 de enero del 2013. Esto, siempre y cuando puedan ser exonerados del sistema regular y convocar a procesos de adquisición de menor cuantía. De lo contrario, si se aplica la normativa de contrataciones, requeriría de 116 días. El documento recalca que, para empezar, la transferencia de los fondos para iniciar el proceso podría demorar 15 días, lo que implica que tendrían solo 60 días para organizar la consulta. Este es el tiempo mínimo que se requiere para el proceso de selección de proveedores, elaborar el material electoral, embalarlo y remitirlo a los puntos de votación, así como la contratación del personal necesario para todo el proceso y la implementación de un sistema de cómputo adecuado. De esta manera, la ONPE sustentó que es materialmente imposible hacer la revocatoria antes de fines de mayo. El martes 6, la ONPE envió una nueva comunicación al JNE en la que pide que se pronuncie sobre el pedido de prórroga. Hasta el cierre de esta edición, el Jurado seguía mudo.
