Se trata de un mandato de la Segunda Sala Penal que condenó a los espías de BTR, para determinar quién o quiénes financiaron el "chuponeo" telefónico.Nuevo giro., Ángel Páez y María Elena Hidalgo El caso de espionaje telefónico que protagonizaron los miembros de la compañía 'Business Track' (BTR) parecía llegar a su fin cuando los responsables recibieron condenas de siete a tres años de prisión. Los que pagaron las operaciones ilegales de escucha de BTR, que no enfrentaron a la justicia y se quedaron en la sombra, asumieron que todo había terminado. Se equivocaron. El fiscal especializado en Crimen Organizado, William Montes Malpartida, resolvió abrir investigación contra los presuntos financistas de los actos de espionaje telefónico de BTR. El primero que deberá responder a los interrogatorios del fiscal Montes será el que fuera jefe de la Oficina de Seguridad Integral del Gobierno Regional del Callao en la gestión de Álex Kouri Bumachar, el capitán de corbeta en retiro Carlos Lizárraga Portugal. Lizárraga es un personaje clave en el entramado del actual escándalo de espionaje chalaco. Trabajó en la Dirección de Inteligencia Naval bajo las órdenes del capitán de navío (r) Elías Ponce Feijóo, y desde entonces mantuvieron amistad, la que se estrechó cuando Lizárraga fue nombrado jefe de Seguridad de la Contraloría General de la República. También fue compañero de trabajo del número de BTR, Carlos Tomasio. A fines del 2006, el entonces contralor Genaro Matute descubrió que Lizárraga estaba vinculado con Ponce y sospechaba que por intermedio de éste filtraba información al presidente regional del Callao, Álex Kouri Bumachar. Las sospechas de Matute se confirmaron cuando en enero del 2007 Kouri nombró a Carlos Lizárraga jefe de la Oficina de Seguridad Integral del Gobierno Regional del Callao. Hasta diciembre del 2010, Lizárraga trabajó para Kouri. Como informó ayer La República, el 24 de julio del 2009, el equipo especial 'Orión' de la policía descubrió en una vivienda chalaca un equipo de "chuponeo" que se dedicaba al espionaje del congresista Víctor Andrés García Belaunde y del ex presidente regional del puerto Rogelio Canches. El primero investigaba a Kouri y el segundo lo acusaba de espionaje telefónico. El testigo del Ministerio Público Wilburt Castillo Sánchez ha dicho que la vivienda había sido alquilada por Ernesto 'Tito' Torres Córdova, empleado del Gobierno Regional del Callao durante la gestión de Kouri. El fiscal William Montes resolvió investigar a Carlos Lizárraga porque en la memoria del teléfono celular incautado a Elías Ponce, cabecilla de BTR, se encontraban los números del ex jefe de la Oficina de Seguridad Integral. Además, en las pertenencias de Ponce se detectó abundante documentación personal de Lizárraga, comprobándose la relación entre ambos. La fiscalía especializada en Crimen Organizado busca establecer si Lizárraga recibió la orden de sus superiores en el Gobierno Regional del Callao para financiar las presuntas acciones de espionaje de BTR contra García Belaunde y Rogelio Canches, entre otros. El ex presidiario Ernesto 'Tito' Torres sería el que se encargó de las escuchas clandestinas. Álex Kouri al ser preguntado sobre su relación con Elías Ponce, frecuentemente la subestima como un vínculo episódico. Pero el cinco de abril del 2010, el cabecilla de BTR le confesó a la jueza María Elena Martínez: "Yo conozco a Alexander Kouri por amistad desde hace mucho tiempo atrás". Sin embargo, Álex Kouri, en la nueva investigación fiscal, solo aparece como testigo, ya que en el juicio contra los integrantes de BTR se le mencionó como agraviado. Dependiendo de los hallazgos de la fiscalía especializada en Crimen Organizado, su situación podría variar. El fiscal William Montes dio comienzo a las nuevas pesquisas sobre espionaje telefónico en mérito a la resolución condenatoria a los miembros de BTR, emitida por la Segunda Sala Penal para Procesos con Reos en Cárcel. El tribunal concluyó en la necesidad de "determinar quién o quiénes financiaban" las operaciones de espionaje telefónico de Elías Ponce, amigo de Álex Kouri.❧ ERNESTO TORRES EN EL JUZGADO El presunto responsable de las interceptaciones, Ernesto Torres Córdova, se presentó ayer ante la jueza del 59° Juzgado Penal de Lima, Julia Esquivel Apaza, para solicitar una terminación anticipada del proceso judicial que se le sigue por el delito de tenencia ilegal de armas. La figura de terminación anticipada del proceso supone reconocer el delito sin necesidad de concluir la investigación y que se le imponga una pena mínima y el pago de una reparación civil. Ernesto Torres Córdova estuvo detenido por este caso entre el 14 de septiembre y el 15 de diciembre del 2011. Salió en libertad por alegar tener un trabajo fijo en la Municipalidad de Ventanilla.