Inés Flores. Constitucionalista ratifica que los comandos Chavín de Huántar no serán investigados ni procesados nuevamente porque ya fueron absueltos en el 2002 por la justicia militar, por tanto es cosa juzgada. Explica que el Poder Judicial dirimió el caso al fuero militar en un gobierno democrático, por tanto la Corte Interamericana de DDHH no puede desconocer la legitimidad de una contienda de competencias. Usted ha señalado que los comandos Chavín de Huántar no van a ser investigados. Un congresista afirma que lo va a denunciar constitucionalmente por mentirle al país. ¿Qué lo lleva a asegurar eso? En el sistema interamericano se evalúa si el Estado peruano ha incurrido o no en una violación a un derecho humano. En el caso Chavín de Huántar, la petición inculpa al Estado. El informe de fondo que lleva la Comisión Interamericana (CIDH) a la Corte de San José indica que se violaron los derechos de los tres emerretistas porque fueron ejecutados extrajudicialmente y el Estado ha incumplido el derecho a las garantías judiciales y al debido proceso. La Corte no va a determinar quién disparó ni quién ejecutó… Si la Corte respalda la recomendación de la CIDH para realizar una investigación de las ejecuciones extrajudiciales en el fuero ordinario, no se puede descartar que se incluya a los comandos. En agosto del 2002, una Sala Penal de la Corte Suprema dirimió lo que se llama una contienda de competencias, y dijo: La investigación de los sucesos en el operativo Chavín de Huántar vinculados a personal militar, a los comandos, se ve en la justicia militar. La justicia militar investigó y determinó que no había ninguna responsabilidad de ningún comando y el caso se acabó. Para el derecho peruano ese es un caso cerrado. En cambio, en el fuero penal civil ordinario continuó el juicio contra cuatro personas para determinar su responsabilidad. En conclusión, los comandos no van a ser llevados a la Corte ni van a volver a ser juzgados. Sin embargo, hay antecedentes de casos que fueron juzgados en el fuero militar, pero al carecer esta instancia de competencia para juzgar temas de violación a los derechos humanos fueron abiertos nuevamente en el fuero ordinario. Me refiero a los procesos a Telmo Hurtado (caso Accomarca) y al 'Comandante Camión' (caso Jaime Ayala)... Esos procesos se dieron durante el régimen de Fujimori, que tuvo etapas de gobierno de facto y se dieron muchas leyes violatorias de la Constitución o de los pactos internacionales. No había una independencia judicial ni menos de la justicia militar. Ahora (en el proceso a los comandos) estamos hablando de una contienda de competencias dentro de un Estado de derecho, democrático, que se dio durante el gobierno de Toledo. Además, la decisión la tomó una Sala Suprema conformada por magistrados que incluso habían sido cesados en el fujimorismo y reincorporados a la función judicial. Nuestra Constitución prevé competencias de la justicia militar y de la justicia ordinaria. ¿Por qué el Estado peruano perdió este caso en la CIDH? ¿No hubo una buena estrategia de defensa? Se le atribuye falta de celeridad en responder. Este caso fue interpuesto en la CIDH en el 2003, el informe final de fondo de esta instancia ha sido notificado en junio del 2011, es decir, antes de que nosotros lleguemos. Todos estos años la defensa ha estado a cargo de los diversos gobiernos, diversos ministros de Justicia y diversos procuradores. ¿Hubo fallas? Yo llegué al ministerio y nos encontramos con este informe que debíamos responderlo los primeros días de agosto, y se respondió a cargo de la doctora Delia Muñoz. Sin embargo, la CIDH decide llevar el caso a la Corte, convirtiéndose en una suerte de fiscal acusador. El órgano judicial, el que va evaluar y discutir las pruebas como juez, es la Corte. ¿Cuál es su responsabilidad? Se le acusa de no haber defendido a los comandos. La ignorancia es atrevida. En el sistema interamericano no está en discusión el tema de los comandos. Lo que está en discusión es la eventual responsabilidad o no del Estado. Si el Estado lo condena, la Corte –esperamos que no– le va a mandar a pagar reparaciones a los familiares de los ejecutados y reparaciones por no haber resuelto con celeridad. Es un tema de derecho penal y la Corte no juzga penalmente a personas ni temas internos. ¿No fue demasiado optimista al pedirle a la CIDH ampliación del plazo, esperando que el Poder Judicial culmine el juicio por esas ejecuciones extrajudiciales? No, queríamos evaluar bien si lo que se iba a sostener era lo más adecuado, y tratamos de introducir ciertos cambios pensando en el futuro y en un eventual caso en la Corte. Hemos hecho dos informes de respuesta. Pero quizás no es que no nos defendimos bien, sino porque en ciertos temas puede ser simplemente que ya hay una posición en la CIDH y una del Estado peruano que nos impidió ponernos de acuerdo. Los comandos Chavín de Huántar se quejan de maltrato y aducen que ellos arriesgaron su vida en el rescate de los rehenes, algunos de sus colegas perdieron la vida y otros quedaron con secuelas. ¿Qué dice? Es lógico, si les dicen que los van a volver a juzgar, que los han abandonado... Pero esas son mentiras. ¿Cuándo me ha escuchado decir: "creo que los comandos deben ser investigados y juzgados nuevamente"?, ¿alguna vez lo he dicho? Gente desinformada o mal interesada está preocupando innecesariamente a los comandos, que fueron personas valerosas, a sus familiares, a sus deudos. Están creando un clima falso de agitación como para hacerlos sentir que están en peligro. A mí me insultan todos los días. Directores de algunos diarios se refieren a mí como inepto, incapaz, indeseable, traidor, pero las cosas las tomo como de quién vienen. Sus críticos cuestionan su designación como embajador del Perú en España. Dicen que usted no es idóneo para el cargo porque España es el tercer socio comercial del Perú. ¿Qué les responde? El embajador es un representante de su Estado y de su gobierno en otro país. Es la cabeza de un equipo, porque en la Embajada hay personal competente en temas comerciales, consulares y culturales. También tiene que velar por los peruanos en España. Por otro lado, su salida del gabinete llevó a la versión periodística de que se le pidió firmar el indulto a Fujimori. ¿Eso es verdad? Falso, porque el indulto no se ha presentado hasta hoy. El tema no ha estado en agenda porque nunca se ha planteado y el señor Fujimori no padece de una enfermedad terminal. ¿Qué hubiera hecho si se presentaba en su gestión? Si bien la decisión es del presidente, yo habría sido muy estricto en evaluar el tema porque esto pasa previamente por una Comisión. Prefiero que no se haya dado en mi gestión.
