Borrados. Habrían contenido más de 20 mil audios de chuponeo. Los dispositivos de 4GB de capacidad cada uno habrían desaparecido cuando se encontraban en custodia de la Policía Antidrogas. César Romero C. Durante la etapa de investigación a los directivos de Business Track se perdieron cuatro USB incautados a Giselle Giannotti Grados, con miles de audios de interceptación telefónica y escucha clandestina, además de correos electrónicos. El 25 de marzo del año pasado La República denunció el cambiazo de dos USB marca Boston Technologies, color amarillo, con capacidad de 2GB cada uno, probablemente ocurrido en la sede judicial. Ahora nueva información a la que ha tenido acceso La República revela que probablemente en las dependencias de la Policía Antidrogas también se cambiaron otros dos USB marca Memorex, color plomo, con capacidad de 4GB cada uno. En el caso de los USB Boston amarillos, los dispositivos de almacenamiento incautados se cambiaron por otros nuevos con menos archivos de los que existían originalmente, en un intento por desaparecer 599 audios y emails. Mientras en los otros dos USB Memorex de 4GB incautados a Gianotti se borró o desapareció todo su contenido. Los USB que llegaron al Poder Judicial no tienen ningún solo archivo; están en blanco. Al momento de su detención, Giannotti afirmó que esos cuatro USB contenían audios y correos del caso Petroaudios, es decir, del chuponeo de los teléfonos de Rómulo León Alegría y del estudio de abogados de Alberto Químper Herrera y Mario Vélez. Sin embargo, de acuerdo con otros procesados en el caso BTR allí había más de 20 mil audios de interceptación telefónica y correos de otros objetivos: el padre Marco Arana, la ONG Grufides, la cementera Otorongo, Virly Torres y los diarios La Primera y Ollanta. También los audios de la escucha clandestina que se realizó en la suite del Hotel Country Club que ocupaba el empresario dominicano Fortunato Canaán. En posteriores declaraciones públicas, Giannotti ha dicho que la policía preguntaba insistente por un audio denominado “Las ranas del caballo”, del que solo se ha encontrado una transcripción, pero no el audio. Junto a “Las ranas del caballo” se encontraban otros archivos denominados “Continuación de música 001” o “Las ranas del pura sangre”. La pérdida La incautación de los UBS se produjo en el domicilio de Giannotti, el 8 de enero del 2009, según el acta suscrita por la detenida, su abogado y personal de la policía y la fiscalía. El 12 de enero, en la sede de la Policía Antidrogas se realiza un nueva revisión de los bienes incautados precisándose que se trataba de dos UBS de color amarillo, con seguro de metal y otros 2 USB de color plomo, sin más características visibles. La marca y el color de los cuatro USB son visibles en el video que la policía distribuyó de la detención de Giannotti, sin embargo, al momento de ser entregados a la fiscalía, el 23 de enero, ya se consigna que se trata de USB con tapa transparente. Ese detalle demostraría que el cambio de estos USB se habría realizado en la sede de la Dirandro, pues lo que consigna el acta de entrega es distinto a lo que figura en las actas de incautación. Además, a diferencia de los USB amarillos a los que la policía les sacó los códigos Hash y obtuvo una copia de seguridad, que protegida por la fiscalía permitió posteriormente reconstruir su contenido, de los USB plomos no hay código Hash ni copia de seguridad. Este cambiazo o “copia cero” recién se detectó en la audiencia de verificación realizada por la comisión investigadora del Congreso, presidida por el congresista Walter Menchola, en el despacho de la jueza María Martínez el pasado 12 de agosto del 2010. Pero el hecho se había mantenido en secreto hasta ahora. Al revisar los bienes incautados a Giannotti, que la jueza Martínez guardaba en la “bóveda” de seguridad en Palacio de Justicia, se observó que los USB Memorex son de características distintas a los descritos en las actas y videos de la incautación policial. Ocultamiento de pruebas Todo esto demuestra una sorprendente negligencia en la investigación policial, fiscal y aún judicial o, lo que es peor, una clara intención de desaparecer pruebas para favorecer a los chuponeadores o a las víctimas, en el supuesto de que estas estaban involucradas en actos de corrupción. Es difícil creer que solo fue negligencia, pues la explicación que dio la entonces fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, para disponer que la Dirando y la Fiscalía Contra el Crimen Organizado se hagan cargo de esta investigación es su alto profesionalismo y especialización en el combate de peligrosas organizaciones del crimen organizado. La comisión investigadora del Congreso sobre esta situación determinó que si bien el juez Edwin Yalico no autorizó el 8 de enero visualizar los bienes electrónicos incautados, sí lo hizo el 13 de enero y la orden permaneció vigente hasta el 24 de febrero del 2009. Aun sin la autorización judicial, el 12 y 13 de enero la policía obtuvo copias de seguridad de los bienes incautados a Giannotti, pero no a todos. Los USB de 4GB fueron dejados de lado. Al revisarse el atestado policial del caso se puede observar que entre el 14 y el 22 de enero no se realizó ninguna diligencia de investigación en la Dirandro. ¿Qué se hizo durante todo ese tiempo en que las pruebas permanecieron en custodia policial? Las pruebas fueron entregadas a la fiscalía el 23 de enero. Esto ocurrió recién el 24 de febrero del 2009, un mes después de que la nueva jueza del caso María Elena Martínez revocó la autorización para que la fiscalía continúe con la visualización de los bienes incautados y estos sean puestos en su despacho. Es decir, la fiscalía habría tenido el tiempo suficiente para obtener copias de seguridad y asegurar la permanencia de esas pruebas de interceptación ilegal de las comunicaciones, sin embargo, tampoco esto se hizo. Durante febrero la fiscalía priorizó la revisión de los bienes incautados a los colaboradores de BTR Jesús Tirado Seguin y Martín Fernández Vírhuez. Los bienes de Gianotti permanecieron sin volver a ser revisados hasta el 13 de marzo del 2009, durante una diligencia a cargo de la jueza María Martínez. Durante la entrega y recepción de los bienes incautados a la jueza Martínez tampoco se tomaron las medidas de seguridad necesarias para preservar y verificar la autenticidad de las pruebas. Al contrario, sin la participación de los procesados y sus abogados, la jueza Martínez procedió a un deslacrado y revisión superficial de los bienes con la participación de abogados de oficio nombrados por su despacho. Sin pruebas La jueza justificó esa decisión para verificar que lo que recibía era lo que consignaban las actas, pero pese a eso los cambios de los USB no se detectaron en ese momento, sino hasta mucho tiempo después. Es recién en marzo del 2010 que se detecta el cambio de los USB amarillos y en agosto del 2010 de los USB plomos, lo que dificulta ahora seguir el rastro de los responsables. Por un lado, esto permite que ahora los principales procesados del caso BTR, Elías Ponce Feijoo, Carlos Tomasio de Lambarry y Giselle Giannotti cuestionen toda la validez de las pruebas incautadas por haberse roto la “cadena de custodia”. Ponce Feijóo se ha abrazado a esta manipulación para no contestar algunas preguntas incómodas. Lo mismo es esperarse que haga la próxima semana Gianotti, cuyas pruebas aparecen evidentemente manipuladas. Tomasio de Lambarry ha denunciado en cambio la existencia de más CD de los que él tenía al momento de ser detenido. “Me han puesto CDs que pertenecen a otros procesados”, ha declarado Tomasio. El tribunal que preside el juez superior Iván Sequeiro ha tenido que dejar de lado como pruebas validas los UBS de 4 GB y en las próximas semanas se debatirá la utilidad de las otras pruebas. Por otro lado, la desaparición de estas pruebas encubrirían actos de corrupción en las altas esferas del actual gobierno, en negocios que según Ponce Feijóo suponían más de 865 millones de soles. Mínima seguridad Bóvedas. Las fotos de la comisión investigadora del Congreso también ponen en evidencia que la “bóveda” en la que se guardan las pruebas del caso BTR es apenas un cuarto con anaqueles. No hay cajas fuertes, ni siquiera candados, como se dijo cuando el 2010 se denunció la desaparición de los USB color amarillo. Las investigaciones sobre la pérdida de los USB no llegan a resultados hasta ahora. La inteligencia paralela de Ponce Feijóo En su afán de defenderse sin negar su condición de experto analista de inteligencia, el gerente de BTR, Elías Ponce Feijóo, admitió ayer que integraba y dirigía, según él, una ilegal organización “unipersonal” de inteligencia paralela sobre seguridad nacional interna y externa que servía a múltiples clientes. Ponce declaró ante las preguntas de su abogado defensor que esa “inteligencia paralela” estaba al servicio del presidente Alan García para informarle de actos de corrupción de funcionarios de su entorno, pero luego a los jueces respondió que la información que entregaba al gobierno era una mínima parte de su trabajo, que tenía otros destinatarios que no quiso identificar. Por otro lado, ahora Ponce afirmó que nunca escuchó audios de chuponeo telefónico al presidente García y al ex premier Jorge del Castillo. Aunque en un lenguaje misterio precisó que sí habría audios de conversaciones de Del Castillo con Rómulo León Alegría en las suites de Fortunato Canaán. El gerente de BTR denunció que su familia, esposa e hijos, eran objeto de seguimiento, de lo que responsabilizó de esa situación a Rómulo León Alegría, Alberto Químper y Jorge del Castillo.
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