Investigación. Juez militar abre proceso a seis efectivos de la fuerza aérea y a suboficial de la policía. Conocido por la justicia militar como el Caso Nº 310001, durante el proceso Víctor Ariza ha sido confrontado con varios de presuntos cómplices en la FAP. Ángel Páez. El comandante FAP Fernando Rivera Baca, juez militar encargado del proceso por traición a la patria contra el técnico FAP Víctor Ariza Mendoza, abrió instrucción a seis efectivos de la institución aérea y a una suboficial de la Policía Nacional por estar implicados en las actividades ilegales del espía. De acuerdo con la resolución del magistrado castrense al que tuvo acceso La República, Ariza contó con la colaboración de miembros de su institución para obtener información altamente clasificada que a cambio de dinero luego remitió a sus contactos de la Fuerza Aérea de Chile (FACH). Víctor Ariza no actuó en solitario, como sostuvo al principio para encubrir a sus cómplices. Las indagaciones del fuero castrense –que incluyeron la confrontación de Ariza con miembros de la FAP–, determinaron que existen sólidos indicios de la implicación de los técnicos Justo Ríos Aguilar, Alejandro Allasi Zegarra, Segundo Iglesias Florián, Edison Villaorduña Rodríguez, el capitán FAP Manuel Diez Alarcón y el mayor FAP Roberto Poggi Oneto. Mentira al descubierto Además ha sido comprendida en el proceso la suboficial de primera PNP Dora Ruiz Paredes, por encubrir a su ex pareja Ariza, según fuentes de la justicia militar. De los mencionados, la situación más grave es la de Justo Ríos, a quien se le abrió instrucción por los delitos de traición a la patria e infidencia, mientras que a los otros por infidencia y desobediencia. Cuando estalló el caso del espía Ariza, Ríos se encontraba en Miami y anunció que se entregaría bajo el argumento de que era inocente. Después de unos días de detención, Justo Ríos salió en libertad, mientras el caso todavía se encontraba en el fuero común. Ríos aceptó que entregó documentación reservada a Ariza, pero alegó que no sabía que este la vendía a la FACH. Pero durante las investigaciones judiciales seguidas por el tribunal castrense, se detectó que Ríos no solo había suministrado documentación secreta a Ariza sino también que le proporcionó una filmación que hizo personalmente de la totalidad de la base aérea de La Joya, en Arequipa, donde se encuentran los 12 aviones de combate Mirage-2000. El video estaba en la computadora que tenía asignada Ríos en el Comando de Operaciones de la FAP, guardado en un archivo con el nombre de “Ariza”, donde también se encontraban los documentos clasificados que le filtró al espía. Era demasiada coincidencia. Ríos explicó que registró las imágenes de la base por divertimento durante sus días de descanso, y que se trasladó con una aeronave de la FAP, pero las autoridades judiciales concluyeron que no había viajado oficialmente y que en la práctica había cumplido con un encargo de Víctor Ariza de capturar imágenes de la estratégica base aérea, la más cercana a la frontera con Chile. “Ríos viajó deliberadamente (a Arequipa) con la finalidad de tomar fotografías y filmaciones a la base (...), lo que hace presumir que sí conocía de las actividades ilícitas del procesado Ariza”, señala el juez militar, comandante FAP Fernando Rivera. El técnico inspector Justo Ríos Aguilar laboraba en la División de Inteligencia del Comando de Operaciones cuando se puso al servicio de Ariza, por lo tanto tenía acceso a información de extremada importancia para la Seguridad y Defensa Nacional. Por esta razón, el juez castrense no dudó en ordenar su inmediata detención. Ahora se encuentra detenido en la base de Punta Lobos, en Pucusana. Faltan más nombres También ha ordenado comparecencia restringida e impedimento de salida del país de otros dos oficiales y tres técnicos FAP, hasta establecer durante el proceso si cometieron el delito de infidencia o actuaron como parte de la red de Víctor Ariza Mendoza. Por el curso que le ha dado el magistrado castrense al proceso, todo indica que busca establecer no sólo la responsabilidad de los que contribuyeron por negligencia o desobediencia a que Ariza consumara el robo de información clasificada para transmitirla a la FACH. El comandante FAP Fernando Rivera Baca, el magistrado en cargado del caso, también enfila sus esfuerzos a la identificación de los oficiales que asignaron a Víctor Ariza Mendoza al Departamento de Planes y Operaciones de la Dirección de Inteligencia de la FAP (Difap), donde trajinó documentación clave, así como al Puesto de Comando, ofreciéndole acceso a los planes de guerra en caso de agresión externa, de acuerdo con fuentes de la justicia castrense. Fue un error monumental. Mañana. Quiénes son los otros acusados.
Edición Impresa - La Republica | Lima - Domingo 24 de Noviembre del 2024