Grupo Multipartidario del Congreso exige al Gobierno cumplir fallo de la Corte IDH e indemnizar a víctimas de La Oroya
A través de un comunicado, advirtieron que el plazo establecido para ejecutar los pagos venció el 22 de marzo de 2025 y, sin embargo, las 80 personas afectadas, incluyendo a los familiares de 6 víctimas que fallecieron durante el proceso, aún no han sido indemnizados.
La República en GoogleEl Grupo Multipartidario Perú al Desarrollo Sostenible del Congreso, integrado por diputados y senadores de Buen Gobierno, Juntos por el Perú, Renovación Popular, Ahora Nación y OBRAS, exhortó al Gobierno de Keiko Fujimori a cumplir con las indemnizaciones ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) a favor de las víctimas de contaminación ambiental en La Oroya.
A través de un comunicado, advirtieron que el plazo establecido para ejecutar los pagos venció el 22 de marzo de 2025 y, sin embargo, las 80 personas afectadas, incluyendo a los familiares de 6 víctimas que fallecieron durante el proceso, aún no han sido indemnizados.
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En ese sentido, exigieron que el Ejecutivo “demuestre voluntad política y disponga de inmediato las acciones administrativas y presupuestales necesarias para ejecutar las indemnizaciones”, sobre todo, teniendo en cuenta “los saldos presupuestales usuales en esta época del año”.
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“No estamos ante una ayuda ni una concesión del Gobierno, estamos ante una obligación internacional cuyo incumplimiento compromete y desprestigia a nuestro país ante su ciudadanía y la comunidad internacional”, se lee en el documento.
Asimismo, resaltaron que la demanda ha sido planteada en reiteradas ocasiones ante representantes del Ejecutivo, entre ellos el ministro del Ambiente, Vladimir Huaroc, y funcionarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Sin embargo, indicaron que, pese a las reuniones sostenidas durante agosto, septiembre y noviembre de 2026, no hubo acciones.
“La justicia que no se cumple se convierte en una nueva forma de injusticia”
En su sentencia, la Corte IDH determinó que la población de La Oroya estuvo expuesta durante décadas a elevados niveles de plomo, arsénico, cadmio y dióxido de azufre.
Entre las afectaciones identificadas figuran la presencia de metales pesados en la sangre, especialmente en niños, problemas respiratorios, daños neurológicos y del desarrollo, así como riesgos de enfermedades crónicas.
Por ello, el grupo parlamentario consideró que el caso debe convertirse en un precedente para evitar que otras poblaciones atraviesen situaciones similares de contaminación y abandono.
“La vida y la dignidad de las personas están por encima de cualquier interés económico. El Gobierno debe honrar la sentencia, reparar a las víctimas y garantizar que ninguna otra población tenga que atravesar una historia de contaminación, abandono e impunidad. La justicia que no se cumple se convierte en una nueva forma de injusticia, La Oroya no puede esperar más”, resaltaron.
Perú perdería credibilidad internacional si no acata fallo de la Corte IDH
Finalmente, advirtieron que el incumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) afectaría la credibilidad del país ante la comunidad internacional.
“El Perú busca incorporarse a la OCDE y ha asumido compromisos internacionales en materia de cambio climático, protección ambiental y desarrollo sostenible. No habrá desarrollo sostenible ni credibilidad nacional e internacional si el Estado no protege la salud de su población y repara a quienes han sufrido las consecuencias de la contaminación”, manifestaron.
Asimismo, mencionaron la pronta visita del papa León XIV al Perú, y resaltaron el llamado de la Iglesia a defender la dignidad humana y cuidar la casa común, expresado en la encíclica Laudato si’.
También destacaron el papel del cardenal Pedro Barreto, quien ha acompañado la lucha de las víctimas de La Oroya y ha insistido en que el Estado cumpla con el pago de las indemnizaciones ordenadas por la Corte IDH.
Los miembros del grupo multipartidario incluye a las diputadas Rossana Alayza Maccera (Buen Gobierno), Giannina Avendaño Vilca (Juntos por el Perú), Diego Bazán Calderón (Renovación Popular), Azucena Isla Rojas (Juntos por el Perú), Jair Manrique Olivera (Ahora Nación), Jeenny Samanez Gonzáles Vigil (OBRAS), Jacqueline Tapullima Insapillo (Juntos por el Perú) y Romina Uribe Saenz (Buen Gobierno); así como las senadoras Patricia Iturregui Byrne (Buen Gobierno), Ruth Luque Ibarra (Ahora Nación), Susana Matute Charún (Buen Gobierno) y Juana Ticona Cohaila (OBRAS)
