Carlos Rivera: "Benavides pasa a colocarse en un terrible precedente por pedir amnistía en crímenes horrendos"

El Ministerio Público ha sentado un precedente alarmante para la función fiscal. Bajo la jefatura de Patricia Benavides Vargas, la Segunda Fiscalía Suprema en lo Penal emitió un dictamen donde solicita a la Corte Suprema la aplicación de la amnistía a favor de Luis Edgardo Paz Cárdenas, coronel en situación de retiro procesado por delitos de desaparición forzada y homicidio calificado.

"Patricia Benavides pasa a colocarse en un terrible precedente al ser la primera fiscal que solicita que se aplique la amnistía a crímenes horrendos perpetrados por el Estado", advirtió Carlos Rivera, abogado especialista en derechos humanos, en diálogo con La República.

Para Rivera, esta acción representa un retroceso constitucional, pues la fiscal ha preferido omitir la existencia de fallos recientes del propio Tribunal Constitucional —que cuestionan la validez de estas leyes— para alinearse con una agenda política de turno.

Durante la entrevista, el experto también señaló que el dictamen era "deficiente", ya que carece de sustento doctrinario y busca, de forma oportunista, alinearse con el gobierno entrante.

Asimismo, el letrado advirtió que si la Corte Suprema acepta el dictamen, "se abriría la puerta a la impunidad", lo que permitiría la liberación de personas con sentencias condenatorias por violaciones a los derechos humanos. En esa línea, sostuvo que el Ministerio Público tiene la responsabilidad constitucional de perseguir el delito, no de obstruir la justicia.

Además, Rivera detalló que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha consolidado una jurisprudencia clara y unánime que invalida las leyes de amnistía para crímenes de lesa humanidad. Por ende, ignorar estos estándares internacionales y los pronunciamientos recientes del Tribunal Constitucional sitúa al Ministerio Público en una posición de "repudio" frente a la comunidad jurídica internacional.

Respecto al impacto de esta medida, Rivera señaló que afecta directamente a las familias de las víctimas.

"Esto significa un desaire. a quienes han dedicado décadas a la búsqueda de la verdad. En un caso de desaparición forzada, un defensor de derechos humanos de Huancavelica logró una sentencia condenatoria contra un coronel que era el jefe político militar de la zona. Él está condenado, está en su casa, pero está condenado”, explicó.

Para el abogado, el aval de la fiscalía a esta norma, calificada por él como una 'ley pro-crimen', vulnera el derecho a la justicia en casos de delitos de lesa humanidad."