Política

Otros tres policías presos: "Hay uniformados que terminan siendo delincuentes"

Poder Judicial dicta nueve meses de prisión preventiva para un alférez y dos suboficiales que son investigados por los presuntos delitos de concusión y banda criminal. Aprovechando su condición de funcionarios públicos, exigieron dinero a un transportista para evitar acciones policiales en su contra.

Otros tres policías fueron enviados a prisión por el Poder Judicial.
Otros tres policías fueron enviados a prisión por el Poder Judicial.

“Estamos siempre del lado de los buenos policías que trabajan en la calle, pero también en contra de aquellos que con el uniforme terminan siendo delincuentes y usan sus armas para ejercer violencia”, expresó una fuente de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro.

Fue luego de que el Cuarto Despacho, liderado por la fiscal provincial Diana Paico, lograra que se dicte nueve meses de prisión preventiva para el alférez PNP Francesco Pilloca, jefe de la Tripulación de Patrullaje Motorizado TMP-3163 de la comisaría PNP Yerbateros, y otros dos suboficiales investigados por los presuntos delitos de concusión y banda criminal.

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La investigación, que dio un giro decisivo, involucra también a los suboficiales PNP Alexander Villacrisis y Christian Marrufo.

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La tesis fiscal sostiene que el 23 de junio los policías habrían intervenido arbitrariamente a un conductor y, aprovechando su condición de funcionarios públicos, le exigieron dinero para evitar acciones policiales en su contra.

La víctima, quien luego denunció el hecho, transfirió S/50 a una cuenta vinculada a un presunto nexo financiero del grupo policial.

De acuerdo con el expediente, entre los elementos que sustentaron el requerimiento de prisión preventiva figuran la declaración de la víctima, testimonios de los agentes que realizaron la intervención en flagrancia, el comprobante de la transferencia, las actas de intervención y denuncia, así como registros de patrullaje virtual y la información extraída de los teléfonos celulares incautados durante las diligencias.

La tesis fiscal también refiere que los agentes actuaron con una distribución de funciones propia de una banda criminal, donde cada uno cumplía un rol específico para exigir el dinero y asegurar su recepción a través de un tercero, con el propósito de dificultar el rastreo de los fondos.

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Con estos elementos, el juzgado concluyó que existían graves y fundados elementos de convicción para imponer la medida coercitiva.

Cabe precisar que los investigados fueron detenidos en flagrancia el 24 de junio de 2026, como resultado de un operativo ejecutado por efectivos del Departamento Desconcentrado de Investigación Contra la Corrupción de Lima Este.

El Ministerio Público reafirmó su compromiso de investigar y combatir con firmeza los delitos de corrupción que comprometen la función pública y promueve que quienes presuntamente abusan de la autoridad y vulneran la confianza de la ciudadanía afronten los procesos judiciales con las garantías previstas por la ley.

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